El año 2020 se cierra con la cifra más baja de reclusos de la última década con un total de 47.373 internos en las prisiones de la Administración General del Estado -todas salvo las de Cataluña por tener transferidas las competencias-.
La cifra supone un descenso respecto a 2019, que concluyó con 50.129 internos, según informa Instituciones Penitenciarias en una nota de prensa en la que expone su balance anual.
De esos 47.373 internos actuales, solo un 7,4 por ciento son mujeres: 3.514 frente a 43.859 hombres.
Para mejorar esta cifra hay que remontarse a 2002, que cerró con 44.924 internos, mientras que 2009 fue el año que registró la mayor población penitenciaria, con más de 65.500 personas, un 38 por ciento más que en la actualidad.
El descenso se atribuye a las sucesivas reformas del Código Penal y, en especial, a la introducción de la suspensión de la condena.
En cuanto a la incidencia de la COVID-19, Prisiones destaca que, pese "a su carácter cerrado", las cárceles han terminado el año "con una afectación significativamente más baja que la población en general".
Con una cifra acumulada desde la llegada del coronavirus inferior a los 800 positivos, la tasa de afectación es 2,2 veces inferior a la de la población en general.
En cuanto a contagios entre funcionarios, el número acumulado de positivos durante la segunda oleada ha sido inferior a 700, mientras que en la primera ola fallecieron cuatro funcionarios de las prisiones de Alicante, Cuenca, Soria y Teruel.
La pandemia también ha supuesto la incorporación de las nuevas tecnologías debido a la restricción de las comunicaciones durante el primer estado de alarma, y que trató de paliarse con un sistema de videollamadas.
Cuatro centros penitenciarios han comenzado este mes a sustituir las tradicionales cabinas de teléfono por videocabinas y se espera que a lo largo de 2021 se extienda a todos.
La COVID-19 también ha afectado a los programas de reinserción. A pesar de que durante meses se suspendió la entrada de profesionales extrapenitenciarios, casi la mitad de los condenados a privación de libertad -más de 22.000- se ha sometido a alguno de los 19 programas de tratamiento de conductas delictivas, que son voluntarios.
Destacan los relativos a drogodependencia, con una media de 3.000 participantes; el PRIA, programa terapéutico contra la violencia de género, con una participación media cercana a los 600 internos, o el TACA, la terapia con animales, en el que ha participado una media de 300.
En 2020 se implantó además el Programa de Delitos Económicos (PIDECO), el primero a nivel mundial para la reinserción de condenados por estos delitos, que en octubre superaban los 2.000 internos, un 5,6 por ciento de la población reclusa.
Instituciones Penitenciarias también ha gestionado cerca de 63.000 mandamientos judiciales para el cumplimiento de penas y medidas alternativas a la prisión, la inmensa mayoría condenados a Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) o a programas de tratamiento para evitar el ingreso en prisión.
En concreto, más de 23.000 penados lo fueron por delitos de violencia de género, y más de 6.000 se sometieron al PRIA-MA, el programa específico para esa tipología delictiva.
El segundo delito más común es contra la seguridad vial, con cerca de 19.000 penados con los que se trabaja con los programas TASEVAL y PROSEVAL de reeducación vial.
También han continuado los programas de Justicia Restaurativa para el encuentro entre víctimas y victimarios, no solo en el ámbito de las Penas y Medidas Alternativas, sino en centros penitenciarios como Burgos, Valladolid o Sevilla donde se han realizado los primeros encuentros.
En cuanto a los datos de conflictividad, siguen también disminuyendo y, frente a las 475 agresiones a funcionarios en 2010, este año se cierra con 154 agresiones, lo que supone un descenso del 68 por ciento en la última década.
De los incidentes registrados a partir de los partes remitidos por los funcionarios afectados, ninguno fue muy grave, cuatro fueron graves, 102 fueron lesiones leves y en los otros 48 no se registraron lesiones.
