El diario El Mundo en su edición digital publica hoy una noticia que ya avanzaba VIVA ESTEPONA hace unos días.
Según el rotativo, el Juzgado Número 5 de Estepona ha relanzado la investigación contra el equipo de Gobierno de Jesús Gil Marín casi 20 años después de que se alzara con el poder en la localidad. El caso procede de un informe del Tribunal de Cuentas sobre el periodo de gobierno gilista entre 1995 y 1999.
El diario recuerda que la aparición de las sociedades municipales y los movimientos económicos entre ellas y con el Ayuntamiento generaron al menos 2.735,8 millones de pesetas (16,44 millones de euros) sin justificar y una cantidad aún mayor cuyo gasto, aún justificado, carecía de sentido.
Las diligencias se abrieron en 2009 y tras algunas declaraciones ha sido ahora, según El Mundo, cuando se acelera la investigación judicial. La Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito en el juzgado de Estepona el pasado 23 de febrero en el que pedía la declaración como imputados del exalcalde Jesús Gil Marín y los concejales del Grupo Independiente Liberal durante ese mandato, además de coordinadores de área y delegaciones de servicios municipales y de empresarios que presuntamente participaron en la trama.
El rotativo argumenta que "lo investigado presenta los comportamientos clásicos de casos de corrupción con sociedades municipales implicadas: pagos por asistencia a comités de dirección que nadie conoce o por asesoramientos de los que no hay constancia, por contratos que no responden a trabajo alguno, por contrataciones irregulares"..
Más de 20 imputados
En la noticia se recoge que "en marzo el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona dictó una providencia para la puesta en marcha de diligencias solicitadas por el fiscal en su escrito de febrero. En ella, el juez cita a declarar como imputados a los ediles José Ignacio Crespo y Víctor Manuel Sánchez Pinacho, e insta la Policía Nacional a que investigue los servicios prestados y facturados en los contratos citados por la Fiscalía a fin de llamar a los demás a declarar como ha pedido Anticorrupción. En total se trata de 16 personas, además de los representantes legales de cinco de las empresas que han participado en los hechos".
En el escrito del fiscal se narra cómo se crearon en julio de 1995 (nada más llegar al poder el GIL) diez sociedades municipales, «siete de las cuales no han ejercido prácticamente actividad alguna incurriendo en gastos innecesarios soportados con fondos públicos». Más tarde se constituyó otra.
El Mundo recuerda que la característica común era que todas tenían el mismo consejo de administración integrado por tres ediles, Crespo –imputado también en la operaciónAstapa–, Sánchez Pinacho y Antolín González, con Antonio Pérez Quero (ya fallecido) como gerente. Al final, era el gerente el que controlaba todo por delegación. Las juntas generales de la sociedades se constituían con la presencia sólo del alcalde, Jesús Gil Marín, y el gerente, dejando fuera cualquier intervención del pleno municipal.
Según El Mundo, "estas sociedades se financiaron a través de fondos transferidos desde el Ayuntamiento. Entre 1995 y 1999 llegaron a ellas 4.659,8 millones de pesetas (28 millones de euros, con lo que se conseguía –prosigue el fiscal– que estos fondos escapasen al «preceptivo control financiero». Además, las sociedades se financiaban con transferencias entre ellas, que alcanzaron en el periodo fiscalizado la cifra de 8.551 millones de pesetas (51 millones de euros)".
La Fiscalía pasa a detallar «la existencia de numerosas operaciones que no han quedado suficientemente justificadas», como puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas, que supusieron 2.735,8 millones de pesetas (16,44 millones de pesetas).
El Mundo refleja que "el grueso de las operaciones de este presunto "saqueo" de Estepona se realizó con obras que se encargaban a unidades de gestión municipales con sociedades como Obras Estepona o Compras Estepona. Pero se crearon, según el fiscal, «siendo el verdadero objetivo el que la mayor parte de la contratación de obras y suministros se realizaran por dichas sociedades municipales evitando la tramitación de expedientes de contratación»".
Pagos a concejales y servicios no prestados
Además, el rotativo se hace eco de "pagos indebidos que demuestran el desvío de fondos a los miembros de un comité de coordinación de las sociedades municipales de Estepona. De este modo, se logró desviar la cantidad de 200 millones de pesetas (1,2 millones de pesetas). Nueve de los que recibieron el dinero eran concejales y los otros cuatro eran coordinadores de área del Ayuntamiento", argumenta la noticia.
También había facturas por asesoramiento a las sociedades «en las que no consta el motivo de la prestación o aparecen conceptos genéricos sin que haya quedado constancia de la naturaleza de los servicios prestados», prosigue el escrito del fiscal. Así, hay acuerdos de asesoramiento con seis sociedades que suman 31.124.799 pesetas (187.063 euros).
Además, según el periódico, "hay pagos por el procedimiento de iguala (una cantidad fija por servicios). Son contratos a la sociedad Soporte Financiero por 49 millones de pesetas «sin que en realidad se realizara trabajo alguno» y al abogado Rivera Granados por importe de 46,1 millones «sin que se especifique las facturas los asuntos concretos» que se trataron", concluye la información publicada.
