El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha abonado en la provincia un total de 8,2 millones de euros correspondientes a las nóminas de noviembre de 18.766 trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) aprobados para sus empresas, lo que refleja un descenso del 55,4% de los contabilizados en abril, cuando 42.169 trabajadores estaban cubiertos con este tipo de prestación, que alcanzó los 40,6 millones en Granada.
La subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, recuerda en un comunicado que de momento, la fecha establecida para el final de estas prórrogas es el 31 de enero, pero será en ese momento cuando el Gobierno estudie cuáles son las previsiones de futuro para recuperar la economía. "El Gobierno es consciente de la realidad y seguirá comprometido con las familias y con los trabajadores hasta que esta situación temporal se normalice", afirma.
Desde abril, el número de perceptores se incrementó en mayo, mes en el que la cifra de trabajadores en ERTE se situó en los 54.507. Sin embargo, a partir de junio el colectivo ha ido disminuyendo considerablemente con 40.523 perceptores en junio; 24.937, en julio; 18.572, en agosto, 16.146, en septiembre y 12.693, en octubre. En noviembre, sin embargo, se registra un nuevo aumento con respecto al mes anterior situándose el número de trabajadores en esta situación en 18.700.
El Consejo de Ministros del 29 de septiembre aprobó el Real Decreto-ley de medidas sociales en defensa del empleo por el que prorrogaron los beneficios de los ERTE hasta el 31 de enero de 2021, tras haber alcanzado un acuerdo al respecto con los agentes sociales. A partir de ahora, la base de cálculo para las prestaciones se mantiene en el 70% de la base reguladora de la persona trabajadora, que no verá disminuidos sus ingresos al 50% de la base reguladora una vez transcurridos los seis primeros meses, tal como ocurría hasta ahora.
Se mantienen además aspectos ya existentes, como que las empresas acogidas a ERTE no puedan realizar horas extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de la actividad, o concertar nuevas contrataciones, directas o indirectas, salvo por razones de formación u otras causas objetivas y justificadas. Asimismo, sigue vigente la prohibición de despedir.
Estas medidas se enmarcan en el III Acuerdo Social en Defensa del Empleo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones y los representantes de las organizaciones sindicales CCOO y UGT y los representantes de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.
