El director de la Estación Biológica de Doñana, centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Juan José Negro, ha manifestado este martes su "total preocupación" por los vertidos de aguas residuales sin depurar a Doñana.
En declaraciones a Europa Press, Negro ha recordado que esta denuncia hecha pública por la organización ecologista WWF y relacionada con el vertido de aguas residuales sin depurar al espacio natural por parte de los municipios de Rociana del Condado, Bollullos Par del Condado y Almonte, es una cuestión "recurrente" y que también fue planteada en la Comisión de Aguas del Consejo de Participación de Doñana.
En este sentido, ha subrayado que "desde hace tiempo está identificado" este problema de la cantidad y la calidad del agua en Doñana y se ha abordado en distintos consejos de participación, y por ello, ha hecho hincapié en la importancia de medir "cuánta y qué calidad tiene el agua" que entra desde fuera al emblemático parque.
Asimismo, ha apuntado que "no hay medidas sobre cuánta agua entra en Doñana, ni la calidad que esta trae", a la par que ha insistido en que las depuradoras están "prácticamente terminadas" y espera que se pongan en marcha cuanto antes.
Por todo ello, Negro ha enfatizado que "no solo hay que evitar que llegue agua residual sin depurar, sino que también es importante tomar medidas reales de la que entra y su calidad".
Así, el director de la Estación Biológica de Doñana ha explicado que en materia de caudales, las competencias "serían de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)", y la calidad de las mismas "deberían ser vigiladas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente". "Nosotros medimos el agua y su calidad dentro de Doñana, pero no de la procedente de fuera", ha precisado.
En consecuencia, ha expresado su preocupación por el agua procedente del río Guadiamar, --afectado por contaminación minera debido al vertido de Aznalcóllar--, y del Arroyo del Partido, donde se vierten las aguas residuales sin depurar.
A la Unión Europea
Por su parte, WWF España ha presentado una queja ante la Comisión Europea por el incumplimiento de las directivas comunitarias sobre política de aguas y tratamiento de las aguas residuales urbanas, después de que sus técnicos comprobasen la pasada semana el vertido de aguas residuales urbanas sin depurar de los municipios de Almonte, Bollullos Par del Condado y Rociana del Condado (Huelva), todos ellos municipios del entorno del espacio natural de Doñana.
La organización ecologista considera inadmisible el retraso en la aplicación de la normativa comunitaria en materia de aguas residuales, que fijó como fecha límite el año 2005 para que todas las poblaciones tuvieran depuradas sus aguas urbanas. Así, lamenta que siete años después la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "no se ponen de acuerdo para acabar las obras, permitiendo que Doñana siga contaminándose día tras día".
WWF ha enviado un escrito a la UE, acompañado de un CD con imágenes del suceso y un informe con el resultado de los análisis realizados a las aguas de Doñana, que revelan concentraciones de contaminantes que multiplican por ocho la cantidad máxima admisible.
Se da la circunstancia de que además, el pasado día 4 de octubre, España era sancionada por el Tribunal de Luxemburgo por el incumplimiento de la Directiva Marco de Agua, al no haber aprobado los planes hidrológicos de cuenca, entre otros, el del Guadalquivir, donde se ubica Doñana.
Estos planes deben incluir medidas para evitar el deterioro de las aguas dulces y conseguir el objetivo de su conservación en buen estado ecológico, lo que presupone control de vertidos y eliminación de todas las sustancias peligrosas prioritarias. Esta sentencia se suma a la que recibió España en abril de 2011 por incumplimiento de la Directiva de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales Urbanas. Si España persevera en su incumplimiento, se expone a sanciones millonarias.
WWF ha subrayado que tres municipios del entorno de Doñana siguen vertiendo aguas residuales sin depurar directamente a los arroyos de un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad y que el análisis químico de las aguas revela concentraciones de contaminantes que multiplican por ocho la cantidad máxima admisible.