El portavoz del equipo de gobierno en la Diputación de Huelva, el socialista José Martín, ha señalado que con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local aprobada este viernes por el Gobierno central las diputaciones provinciales "se convertirán en centrales de servicios y de compras al considerarse que se ahorrarán costes con esta medida".

   Para Martín, con esta reforma "no hay ahorro ni en la estructura municipal ni en el ejercicio de las competencias, sino todo lo contrario, ya que los servicios públicos se van a prestar con un mayor coste para los ciudadanos y con menos eficacia, al dejar de ser prestados por el Ayuntamiento, que es la administración más cercana al ciudadano y la que mejor conoce sus necesidades".

   José Martín ha expresado en un comunicado su preocupación ante esta reforma, con la que "se estaría violentando la autonomía municipal". El portavoz ha señalado que la Diputación de Huelva está "en contra del intervencionismo que desde el gobierno central parece apuntarse al aprobar esta norma".

   Respecto a la delimitación de competencias que incluye la reforma, lo que realmente se pretende es "quitar competencias a los ayuntamientos para dárselas a las diputaciones, como paso previo a su privatización", ya que "la reforma no incluye una lista clara que determine las competencias de los ayuntamientos".

   A su juicio, "el camino correcto debe ir dirigido hacia la creación de un nuevo modelo de financiación para las entidades locales porque el verdadero problema es precisamente la falta de liquidez para asumir los servicios que están prestando y no el ataque a esa prestación de servicios municipales, que es muy adecuada".

   Por tanto, considera que para ello sería fundamental la propuesta de un modelo de financiación "eficaz y eficiente" que logre que las entidades locales afronten estos costes en servicios.

   En cuanto a la regulación del límite salarial para alcaldes y concejales que propone la reforma de administración municipal, el socialista ha señalado que esta medida supone "un retroceso" democrático importante que va a propiciar que "solo se puedan dedicar a la política las personas adineradas, como pasaba en la época de Franco con los caciques".

   En palabras del portavoz, se quiere "hacer constar que la Diputación Provincial de Huelva respeta a las entidades locales de la provincia y que de ningún modo quiere ser cómplice del control que desde el gobierno central parece estar diseñándose".

   Asimismo, ha señalado que si finalmente la Diputación se ve obligada por imperativo legal a asumir esta reforma, lo primero que se hará desde la institución provincial es exigir al Gobierno central la financiación correspondiente, ya que "no queremos forzar ni tutelar la autonomía local pero si se nos impone legalmente se exigirá el dinero por adelantado, ya que la Diputación de Huelva no está en condiciones de hacerse cargo de esta financiación".