La resolución de las posibles conductas delictivas en torno a las participaciones preferentes denunciadas en Huelva, está más cerca de producirse, después de que, con los expedientes presentados desde nuestra provincia ya en poder de la Fiscalía General de Huelva, se vaya a dar el paso de ponerlos en manos policiales para que se efectúe una investigación, que se espera dure en torno a unos seis meses.
Esto,  también es una buena noticia, porque supondrá, de cumplirse, que deja de dilatarse en el tiempo un asunto que trae de cabeza a más de un pequeño ahorrador. Esta buena noticia coincide en el tiempo con la entrada del Tribunal Supremo a deliberar y decidir sobre la posible ilegalidad de las cláusulas suelo de las hipotecas, una condición que ha resultado leonina para las modestas economías familiares que tienen que hacer frente a sus préstamos sin beneficiarse del descenso de los índices europeos.
Lo cierto, es que han hecho falta muchas quejas ciudadanas, que la gente diera el paso adelante de enfrentarse a las poderosas y protegidas entidades financieras, para que algunas cosas que estaban resultando dañinas a los usuarios, puedan ser corregidas. Ha ocurrido recientemente con el fallo europeo contra las condiciones abusivas en los desahucios.
No se puede bajar la guardia, ni porque el ministro Gallardón penalice ahora con elevadas e injustificadas tasas judiciales a quienes quieren reclamar, porque sin reclamación, no hay justicia.