Cáritas ha vuelto a poner de nuevo cifras a los nombres y rostros de la exclusión y la pobreza en Huelva y su provincia y ha pintado, en lo que a gente sin hogar o que vive en chabolas se refiere, un panorama desolador: 274 sin techo y 2.101 personas que malviven en asentamientos.
Se trata, según pusieron en valor, de los peores números de los últimos ocho años, que dan prueba de que la crisis no se está gestionando bien, con el añadido de que hay que advertir que esta circunstancia está generando una fractura social. Por todo ello, pide algo, que parece lógico, y hasta que está de más, porque debería estar trabajándose en ello, y es la intervención de administraciones, ciudadanos y entidades sociales.
Lo cierto es que da la sensación, que estos dos últimos, están alerta y trabajando, mientras que le resuelve la papeleta a un Gobierno que sestea y mira sólo por los pudientes, pero no por quienes más lo necesitan.
Pero, además, la entidad diocesana pone el acento en otro problema añadido, de influencia general, pero que afecta de nuevo, a los más desfavorecidos: desde 2007, la renta media ha caído un 4%, mientras que los precios se incrementaron en un 10%, una situación, no diremos ya a la que el Gobierno no presta control alguno, sino a la que ha dado alas con sus políticas de subidas de impuestos y contracción del consumo, que ha dado origen a un deterioro de las rentas de los onubenses sin parangón en las últimas décadas.
