El diputado de Infraestructuras de la Diputación de Huelva, Alejandro Márquez, ha asegurado este jueves, en relación a la denuncia presentada en la Fiscalía por la formación UPyD sobre las contrataciones realizadas por la institución provincial con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), que “la Diputación es beneficiaria de un programa cuyas normas sobre la contratación son impuestas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social” y que “todas las contrataciones se ajustan escrupulosamente a la normativa del programa”, a la par que ha remarcado que “la gestión es impecable” con el único objetivo de “crear empleo”. Márquez ha insistido en que la gestión es “impecable” y todas las administraciones que intervienen en este programa “sólo persiguen la creación de empleo”, ha informado la Diputación en un comunicado.
En relación a los hechos a los que se refiere la denuncia, la Diputación solicita anualmente al Gobierno central el programa de asesoramiento para la gestión del PFEA y, por tanto, la Diputación es beneficiaria de un programa que ejecuta conforme a unas normas de contratación que impone el Servicio Público de Empleo Estatal.
Según el diputado, “hace 13 años que la Diputación gestiona ese programa de asesoramiento con los requisitos que impone y concede el Ministerio”, según el cual, las contrataciones se realizan a través de una oferta genérica tramitada a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Según ha explicado, el SAE preselecciona a los candidatos requeridos para cada puesto entre aquellos desempleados que se ajustan al perfil de cada proyecto, y “la Diputación contrata sólo entre esos candidatos remitidos”.
La denuncia de UPyD
UPyD ha presentado ante la Fiscalía de Huelva una denuncia por presuntas irregularidades en las contrataciones del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).
En declaraciones a los periodistas a las puertas de la Audiencia de Huelva, el candidato a la Junta de Andalucía de esta formación, Martín de la Herranz, ha precisado que, tal y como consta en la denuncia, entienden que los hechos podrían ser constitutivos de varios delitos: Contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, de fraude y falsedad documental.
