La juez Mercedes Alaya afirma que 1,7 millones de euros de dinero público para cursos de formación se empleó en subvenciones sin relación con la actividad formativa, como caramelos de cabalgatas, cuelgabolsos, barajas de cartas, cava para un campeonato de doma o en contratos para familiares.

En el auto de imputación de Ana María Orihuela, directora gerente del Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (FORMADES) entre 2005 y 2012, la juez asegura que habría cometido un delito de malversación por emplear ese dinero en fines diferentes de los proyectos formativos y de inversión.

En su desglose, la juez cifra en 245.947 euros los destinados a gastos que no tienen ninguna relación con el proyecto formativo o que tienen una "justificación insuficiente", como el patrocinio de equipaciones de fútbol, la compra de barajas de cartas y cuelgabolsos en concepto de suministro para clases.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, se alude al gasto en regalos y caramelos de la cabalgata de Reyes o en cava para un campeonato de doma.

Otros 807.143 euros corresponden, según la juez, al proyecto de inversión que se han destinado por orden de la inculpada a finalidades distintas de las previstas en este centro formativo de la provincia de Huelva.

Del total de los 1,7 millones de euros, que es la cantidad que se reclama en los expedientes de reintegro que se inician a partir del verano de 2012, la instructora asegura que 654.632 euros son para siete contratos concedidos ilegalmente.

En ellos, "resulta significativo el fraccionamiento fraudulento" con el objeto de "evitar superar el límite cuantitativo de la contratación menor", precisa Alaya.

De esos contratos, la juez señala en primer lugar el suscrito a un hijo de la imputada, que por servicios de mantenimiento recibió entre 2008 y 2010 un total de 275.776 euros.

Un sobrino, por servicios de guardería, recibió entre 2009 y 2010 22.743 euros, mientras que un docente del centro de formación asegura que tenía contratada a otra sobrina.

En otro contrato firmado irregularmente por 195.000 euros para servicios veterinarios, se pagó la tonelada de pienso a 600 euros cuando su precio era de 300, según Alaya.

Esta imputada se incluye entre los 16 políticos andaluces relacionados con la formación que fueron detenidos por orden de la juez el pasado 24 de marzo, todos los cuales quedaron en libertad con cargos.

Entre ellos había nueve ex delegados provinciales de la Consejería de Empleo, entre ellos el de Huelva, Eduardo Muñoz.