El exalcalde de Aljaraque Juan Manuel Orta (PP), acusado de un delito contra la Hacienda Pública y por otro continuado de falsedad en documento mercantil, y A.G.V., economista de profesión y socio del exprimer edil de una empresa, acusado por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y también contra la Hacienda Pública, han declarado este lunes en juicio y han reconocido que, a través de la citada empresa, recibían dinero que "no declaraban".

   Concretamente, durante su intervención ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, Orta, que no ha querido contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal, ha señalado que "declaraba lo que figuraba en su nómina", reconociendo que recibía otras cantidades, sin precisar la cuantía, por trabajos en la citada empresa que "no declaraba".

   Por su parte, su socio ha reconocido también que "cobraba dinero negro que no declaraba", mientras que el que fuera su concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, Casto Pino, acusado del delito de cohecho, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, se ha acogido a su derecho a no declarar.

   En cuanto a su patrimonio, el exprimer edil ha indicado que en 2004 percibía ingresos como alcalde "de unos 60.000 euros anuales", un trabajo que compatibilizaba con el de abogado en la citada empresa. A su vez, en aquellas fechas hizo varias operaciones de compra y venta, por las que obtuvo plusvalía; su padre le donó 60.000 euros y su suegra, que estaba cobrando una herencia, también le donó esta cantidad a su mujer, con la que está casado en bienes gananciales. De igual forma, ha hecho hincapié que los otros dos pisos que rezan son de la empresa.

   Del mismo modo, asegura que él tiene una propiedad en Islantilla que es suya y que la casa, que figura a su nombre en Isla Cristina, es de su padre. También ha remarcado que realizó varios ingresos en efectivo en una cuenta, pero no recuerda la cantidad.

   De igual forma, ha explicado que "esta pesadilla comienza", refiriéndose a la causa judicial, cuando una mañana leyó en prensa que su patrimonio "ascendía a 30 millones de euros".

   Por su parte, su socio ha remarcado que esos dos pisos --ubicados en Nuevo Portil e Islantilla-- los compró la empresa, que es la que cobra los alquileres, y que él adquirió una vivienda en El Rompido, que compró sin hipoteca porque "había ahorrado, ya que la empresa facturaba alrededor de 400.000 euros al año", momento en el que el abogado del Estado le ha reprochado que en las declaraciones "no figuran estas ganancias".

NULAS LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS

   Por su parte, el tribunal de la Sección Primera, tras retirarse a deliberar, ha declarado nulas las escuchas telefónicas y ha considerado prescrito el delito de falsedad documental, tal y como solicitaron los letrados el pasado lunes durante la exposición de las cuestiones previas.

   Ese mismo día el letrado del exconcejal pidió la nulidad de los dos primeros autos, editados en marzo de 2008, de las intervenciones telefónicas y de todas las pruebas realizadas, al considerar "demoníaca" la investigación, la cual "no tenía ni pies ni cabeza ni justificación procesal ni material", indicando además que se realizó, según expuso, "sin que un juez tuviera el más mínimo conocimiento de la misma durante tres meses".

   A su vez, el tribunal ha rechazado el recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal y ha admitido nuevas pruebas periciales y documentales propuestas por las defensas. El juicio continuará este martes con las declaraciones de testigos.

CINCO AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN

   Cabe recordar que para el exalcalde el Ministerio Fiscal pide cinco años y medio de prisión por ambos delitos y además solicita una multa de más de 300.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.

   A su vez, para Casto Pino la Fiscalía pide ocho años y medio de prisión por los tres delitos y su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años, además de una multa de 1,4 millones de euros. También solicita, al igual que para el exalcalde, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un tiempo de tres años.

   Para A.G.V., las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal son las mismas que para el exregidor, cinco años y medio de prisión y más de 300.000 euros de multa.

   En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía solicita que Castro Pino indemnice al Ministerio de Hacienda con la totalidad de la deuda tributaria no ingresada por el IRPF del año 2003 y 2005, que asciende a 512.506 euros; el exalcalde con 146.101,60 euros, que es la totalidad de la deuda por lo defraudado en 2004 y el acusado A.G.V., con 180.826 euros, que es la deuda contraída en este mismo periodo.

   La causa comenzó a investigarse a raíz de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid presentada en enero de 2007 por un empresario y exmilitante del PP en la que acusaba a Orta y Pino del supuesto cobro de comisiones a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos. Por estos hechos, tanto el concejal como el exalcalde fueron detenidos en abril de 2008 quedando en libertad con cargos posteriormente.