La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha celebrado un encuentro con organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) que trabajan en la provincia de Huelva, dirigido a entablar lazos de colaboración y recabar las propuestas del colectivo, a raíz de la asunción por parte de este departamento de las actuaciones de la Junta de Andalucía en materia de cooperación internacional.
En una nota, la Junta ha informado de que el delegado territorial del ramo, Rafael López, y el director general de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid), Néstor Fernández, organismo que en la nueva estructura del Gobierno andaluz pasa a depender de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, han presidido esta reunión, en la que se han dado a conocer las principales líneas de trabajo impulsadas por la agencia, entre las que sobresale la reciente aprobación del nuevo Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (Pacode), cuyo horizonte de intervención son los próximos cuatro años.
Las ONGD participantes en el foro han sido la Federación de Huelva de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur (Fecons), Bomberos Unidos sin Fronteras y Encuentros del Sur.
Según ha comentado el delegado territorial, el principal objetivo del nuevo Pacode es "seguir trabajando para crear unas condiciones de vidas dignas que permitan asentar a las poblaciones en sus países de origen, evitando desplazamientos no deseados como los que se están produciendo en la actualidad".
Para ello, el plan retoma el objetivo de alcanzar en 2020 una asignación del 0,7 por ciento del presupuesto autonómico a estas políticas, que la Junta ha mantenido durante la crisis frente a su práctica desaparición en otras comunidades y en el Gobierno central. En el presente ejercicio, este índice se sitúa en el 0,25 por ciento, lo que supone 45 millones de euros.
Actualmente, Andalucía es la región que más contribuye a la cooperación española, con una aportación del 22 por ciento del total descentralizado y un incremento continuado dentro de sus limitaciones presupuestarias, frente al descenso estatal iniciado en 2011. También ha sido la que más ha invertido en este ámbito durante los últimos tres años, por encima de comunidades con mayor capacidad financiera que, como Cataluña o Madrid y con la salvedad del País Vasco, han reducido su contribución.
Respecto a las zonas geográficas de actuación, el nuevo plan añade Haití a los 23 países prioritarios incluidos en el anterior. También identifica a Colombia y Túnez como preferentes al estar inmersos en procesos de paz y de consolidación democrática.
Las áreas de intervención prioritaria seguirán siendo América Latina, Norte de África y Mediterráneo, y África Subsahariana. Entre los países receptores destacan Marruecos, Cuba, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Mali, Senegal, Mozambique, Mauritania y los Territorios Palestinos.
En cuanto a los tipos de proyectos, se asegurarán recursos mínimos del 30 por ciento del total para los relacionados con servicios sociales básicos --salud, educación, vivienda, saneamiento, seguridad alimentaria y acceso al agua potable--; diez por ciento a educación para el desarrollo; diez por ciento a acción humanitaria urgente en catástrofes naturales o conflictos bélicos, y otro diez por ciento a intervenciones para promover la igualdad de género y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres.
Junto con estos ámbitos básicos, por primera vez se especifica que el 2,5 por ciento del presupuesto de la cooperación andaluza debe ir destinado a formación, investigación e innovación, y otro 2,5 por ciento al fomento de los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos y la cultura de paz.
De acuerdo con el plan, cabe destacar también que la Aacid destinará al menos un 50 por ciento de su presupuesto anual a la convocatoria de subvenciones a organizaciones no gubernamentales, consideradas las principales vertebradoras de la ayuda al desarrollo.
DERECHOS HUMANOS
El texto ha sido precisamente consensuado con las ONGD, administraciones, universidades, movimientos sociales y organizaciones empresariales y sindicales que en junio de 2013 firmaron el Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación Internacional.
El documento fija como destinatarios preferentes de la cooperación a los grupos de población expuestos a mayor vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Entre ellos se encuentran las mujeres sin recursos; la infancia y juventud; la población indígena, desplazada y refugiada, y las personas con discapacidad. Además, a los profesionales de la materia y la sociedad en general se dirigirán especialmente las actuaciones de formación, investigación y educación para el desarrollo.
Los distintos proyectos que recoge el plan se desarrollarán en un contexto internacional muy marcado por la creciente desigualdad, que la crisis económica ha agudizado. Según datos de Naciones Unidas, 1.200 millones de personas viven con 1,10 euros o menos al día; 2.600 millones no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento; más del 20 por ciento de la población mundial sigue viviendo bajo el umbral de extrema pobreza; una de cada ocho personas sufre desnutrición crónica; 18.000 niños mueren cada día por enfermedades fácilmente prevenibles; dos terceras partes de las mujeres empleadas trabajan en situación vulnerable; el analfabetismo afecta a 774 millones de personas --mujeres en sus dos terceras partes--, y otras tantas viven sin acceso a agua potable.
