La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la Inspección Pesquera en Huelva de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) y la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha intervenido 120 kilos de pijotas o merluza inmadura.
Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, esta mercancía ilegal fue interceptada en el transcurso de una actuación específica de lucha contra la comercialización de pescado inmaduro efectuada en la madrugada del 18 de agosto. En el operativo se inmovilizó el vehículo utilizado para el transporte y distribución de la mercancía decomisada y se cursó denuncia contra la persona que portaba estos productos.
Se trata, han explicado desde la administración andaluza, de ejemplares inmaduros de la especie merluza (Merluccius merluccius) que puede llegar a los 140 centímetros de longitud y los 15 kilos de peso. Los ejemplares de pijotas intervenidos "tenían un tamaño de entre 18 y 26 centímetros de longitud, y muy pocos gramos de peso, sin ninguna documentación que acreditara el origen de los mismos y, por tanto, su trazabilidad".
Asimismo, han recordado que la comercialización de productos de la pesca sin cumplir con la talla mínima exigida por la normativa, "constituye una actividad ilícita y fraudulenta que pone en grave riesgo la biodiversidad marina y la continuidad y el futuro de la actividad pesquera, y con ello el modo de vida de cientos de familias".
Además, la Política Pesquera Común (PPC) tiene entre sus objetivos garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean "sostenibles medioambientalmente a largo plazo" y se gestionen "de forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos y sociales, crear empleo y contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios".
Junto a ello, han recordado que "comprometer la sostenibilidad y futuro de los recursos pesqueros y la introducción de mercancía capturada de manera ilegal en los canales de comercialización, sin pasar por ningún tipo de control sanitario y de trazabilidad que acredite su origen, supone un riesgo para la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores".
Por ello, para "concienciar y sensibilizar" al consumidor sobre este punto, la Junta de Andalucía lanza periódicamente campañas sobre la "importancia" de evitar el consumo de inmaduros, ya que "es responsabilidad de todos impedir que estos productos pesqueros capturados de forma ilegal se comercialicen y adquieran en pescaderías, mercados de abastos, grandes superficies y restauración".
Finalmente, han subrayado que la tenencia, consignación, transporte, tránsito, almacenamiento, transformación, exposición y venta, en cualquiera de las formas previstas legalmente, de productos de talla o peso inferiores a los reglamentarios, "constituye una infracción tipificada como grave que puede conllevar multas de hasta 60.000 euros".
