Las tasas judiciales afectan al 80% de los jienenses

Publicado: 12/12/2012
Abogados, fiscales, secretarios judiciales y jueces contra el Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
La puerta del Palacio Provincial de Justicia de la capital fue ayer el escenario de una nueva concentración de abogados, jueces, fiscales y secretarios judiciales que mostraron su rechazo a la nueva ley de tasas judiciales.

En la concentración estuvieron presentes, entre otros, el decano del Colegio de Abogados de Jaén, Vicente Oya; la presidenta de la Audiencia Provincial de Jaén, Elena Arias Salgado, y el juez decano de Jaén, José María Cañada. “La nueva ley de tasas judiciales es una verdadera barbaridad, es algo que se ha hecho con mucha precipitación y que tiene en contra a todos los operadores jurídicos de España”, recordó Vicente Oya.

En esta línea, el decano de los abogados aseguró que “va a provocar la conculcación de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, ya que alrededor del 80% de la población jienense y española “va a tener muchas dificultades para acceder a la Justicia con las nuevas tasas judiciales”. “

Por ello, en nombre de la Abogacía, indicó que “esta situación va a generar un problema añadido, la saturación del servicio de Justicia Gratuita, pues serán miles los jienenses que no podrán tener acceso a la Justicia debido a la alta cuantía de las tasas”.

Durante el acto, el representante de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Miguel Sánchez Gasca, leyó un manifiesto en defensa de la Administración de Justicia y en contra de las tasas judiciales, recordando al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que “las protestas no responden a la retirada de la paga extra a los jueces”.

Igualmente, el decano del Colegio de Abogados rechazó de plano que las movilizaciones sean una cuestión corporativa de los profesionales que operan en torno a la Justicia,  ya que están defendiendo “los intereses de todos los ciudadanos”.

Por otro lado, ayer denunciaron la incertidumbre que supone que ya estén en vigor las tasas judiciales pero que todavía no estén disponibles los formularios para la liquidación de las tasas, desconociendo si habrá que pagarlas con carácter retroactivo.

 

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