De cada diez jienenses que entran en una inmobiliaria, nueve son para alquilar un piso. La proporción se ha invertido según explica el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Jaén (API) y titular de AGA Inmobiliaria, Diego Galiano, ya que hace cinco años, eran nueve los que querían comprar y uno cuya intención era el alquiler.
En este sentido, con la tasa de paro que soporta Jaén, superior al 40 por ciento, y sin crédito de las entidades bancarias, el mercado de la compra-venta está totalmente paralizado.
En cuanto a los alquileres, explica que, tal vez esta situación, ha provocado que tanto los propietarios como los inquilinos sean más responsables y cuidadosos con el bien que alquilan y que disfrutan. Es más, el presidente de API, recuerda que en Jaén apenas un cinco por ciento de los propietarios tienen problemas de desahucios por impagos de los alquileres, al menos, y así lo refiere, en aquellas operaciones supervisadas por los agentes de la propiedad inmobiliaria.
Todas estas reflexiones fueron tratadas en la reunión que el pasado fin de semana mantuvo el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Córdoba, donde además, se abordó la nueva Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, que Diego Galiano, durante su intervención, definió como positiva, ya que supone la salida al mercado de más viviendas vacías en alquiler, y acaba con la prórroga forzosa de cinco años, que pasa a tres o la agilización en procesos judiciales. En definitiva, viene a poner sobre el papel muchas de las prácticas que los particulares ya hacían por su cuenta.
Otra de las novedades es la obligatoriedad de que las viviendas que se alquilan tengan un certificado de eficiencia energética, que según Galiano servirá para que los precios se adecuen a la calidad de la vivienda. Por el momento los certificados oscilan en Jaén entre los 80 y los 250 euros (según el tamaño) y tienen una validad de diez años. Por último, la API quiere constituirse como institución de mediación en asuntos civiles y mercantiles; una función que complementaría las que ya realizan en cuanto a mediación en operaciones de compraventa o arrendamiento, tasación de bienes inmuebles y peritaje judicial.
