La cooperativa que gestiona las escuelas infantiles municipales de Jaén --'Cervantes', 'Fuentezuelas' y 'Pedro Expósito'-- y el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT), Ceian, ha emprendido una "vía judicial" para reclamar el cobro de la "deuda" que ésta atribuye al Ayuntamiento jiennense, que actualmente cifra en "más de 218.000 euros".
Así lo ha dado a conocer este martes la dirección de la cooperativa en una nota, en la que ha explicado que esta decisión se ha producido una vez que el Consistorio, gobernado por José Enrique Fernández de Moya (PP), "ha cerrado el grifo de los pagos y, lo que es más humillante aún, todas las vías de comunicación que, con la mejor voluntad, abrimos el 21 de octubre", fecha en la que representantes del gobierno local mantuvieron una reunión con Ceian.
De esta manera, "la paciencia y las fuerzas" de la plantilla de estos centros "ha llegado a su límite", según se ha advertido desde la cooperativa, que ha alertado además de que, a la deuda actual de "más de 218.000 euros, correspondientes a parte de la mensualidad de julio, agosto, septiembre y octubre", habrá que sumar a partir de este próximo lunes la cantidad correspondiente al mes de noviembre, "con lo que la deuda será de casi 300.000 euros".
"Ello sin contar con los miles de euros que han supuesto los recargos y sobrecostes por no recibir la financiación cuando lo prescriben el contrato y la ley", según ha apostillado la dirección de Ceian, que ha confirmado que "ambas deudas están ya en la vía judicial".
De igual modo, la empresa, para la que a las trabajadoras de estos centros "se les está escamoteando el derecho a llevar el salario ganado a sus casas para el sustento de sus familias", ha anunciado que "además de las medidas judiciales y de las que las trabajadoras pongan en marcha para la defensa de sus derechos, reunirá de forma urgente a toda la plantilla de estos centros y a los representantes de las familias en los Consejos Escolares", para, desde su política de "total transparencia, valorar la situación crítica de los centros y tomar medidas que se estimen necesarias".
Se tratará de medidas, según ha especificado, "dentro de la legalidad, para la defensa de los centros, de sus derechos como ciudadanos, del derecho de los niños a recibir un servicio socioeducativo digno y del de las trabajadoras de percibir el correspondiente salario por su trabajo, en la forma y plazos que establece la ley".
