La provincia de Jaén no es capaz de frenar su sangría demográfica y, por sexto año consecutivo, ha registrado un notable descenso de población. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia jienense se dejó durante el año 2017 un total de 5.201 habitantes, lo que significa una caída del 0,8% respecto al año anterior.

El padrón de la provincia de Jaén a principios de 2018 queda situado en 636.615 habitantes, frente a los 641.816. Es el sexto año consecutivo en el que el censo provincial se ve menguado.

Esa tendencia se inició en 2012, cuando la provincia tenía 667.260 habitantes. Desde entonces, el éxodo poblacional se ha traducido en una pérdida de 30.645 habitantes.

Curiosamente, el último periodo en el que la población de la provincia creció coincidió con los peores años de la crisis económica.

Así, de los 663.528 habitantes del año 2008 (año de eclosión de la crisis) se pasó a los 667.260 cuatro años después. Desde principios de este siglo, desde el año 2000, la pérdida ha sido de 7.664.

La provincia jienense es la única en Andalucía que perdió población en 2017. Y, a nivel nacional, sólo tiene provincias con un porcentaje mayor en cuanto al éxodo demográfico: Zamora (-1,5%), Ciudad Real (-1.1%) y Ávila (-1%).

Otras provincias españolas que perdieron población el último año, con descensos entre el 0,6 y el 0,9%, fueron Cáceres, Cuenca, Teruel, Segovia, Salamanca, Palencia, León, Asturias, Lugo y Orense. Y la capital jienense tenía en 2018 un censo de 113.522 habitantes, lo que supone otro descenso de 794 censados con relación al año anterior. Desde 2010, la ciudad ha perdido 3.268 habitantes.

Reyes pide fondos y  estrategia europea

El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha reivindicado, en una jornada sobre despoblación celebrada en Huesca, la puesta en marcha de una estrategia europea para luchar contra esta problemática: “Europa tiene que destinar fondos específicos para la despoblación; definir qué regiones tienen el problema y poner en marcha una estrategia que obligue a los estados miembros a que los recursos destinados se apliquen a planes contra la despoblación en los que estén implicados los gobiernos nacional, autonómicos y locales”.