Entre los acusados se encuentra el ex alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez, a quien el fiscal le pide cuatro años de cárcel y ocho y medio de inhabilitación por los delitos de cohecho y prevaricación. La acusación estima que Juárez, junto con varios miembros de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de La Línea, se repartieron dos millones de euros procedentes de la reventa de esta parcela por parte de Roseworld a la empresa Abuztua, integrada en el grupo inmobiliario Lábaro, y cuyos representantes también se han sentado en el banquillo.
Juárez fue el primero en declarar y en poner en práctica la estrategia común diseñada por la defensa, que no es otra que remitirse al informe emitido por los técnicos y puesto sobre la mesa por la letrada Rey. “Jamás he firmado una resolución sin un informe técnico positivo sobre la mesa”, sentenció el ex primer edil, quien además insistió en que todos estos informes sobre Roseworld “eran favorables” y que, por el contrario, los que justificaban la exclusión de la empresa supuestamente perjudicada, Promaga, eran “taxativos”, siendo los incumplimientos, en todo caso, “no subsanables”.
Esta tesis fue también ratificada por los ediles, empezando por el vocal de aquella mesa Juan Francisco Montero, quien manifestó que los componentes de aquella comisión contaban con el dato de que Promaga tenía “deudas que estaban ya en vía ejecutiva” y que, por tanto, sufría peligro de que la embargasen.
La acusación planteó la tesis de que el secretario de la Mesa no las tenía todas consigo y que se mostraba nervioso o preocupado con la posible insolvencia de Roseworld. El edil socialista Miguel Tornay, acusación particular en este proceso, presentó a la mesa papeles “bajados de internet” en los que se recogían datos sobre la empresa Roseworld, sobre su escaso capital social -3.000 euros- y su inmersión en un proceso que podría acabar en su disolución.
Montero aludía, igualmente, a que Ruiz Pau fue quien “convenció” a la mesa de que la oferta de Roseworld era la correcta. Sobre el secretario, la mayoría de acusados señalaron la “irregularidad” que supuso la apertura, en la primera sesión de la mesa, de los dos sobres, el de la oferta digamos urbanística (A) y el económico (B). Además, la propuesta de Roseworld se aprobó sólo con una declaración jurada y, en la tercera mesa, de alegaciones, con un impreso bancario que acreditaba que tenía todos los pagos al día con esa entidad. También acusó a Tornay de cambiar su voto al sentirse coaccionado por la amenaza de denuncia del abogado de Promaga.
La otra vertiente de la que procedían los acusados, la empresarial, también se pronunció negando tajantemente la trama de cohecho que se les atribuye. Por un lado, el coordinador de Hacienda del Ayuntamiento en 2005, Manuel Ruiz Calama, también acusado en este proceso de un delito de defraudación al fisco, reconocía haber hecho negocios con el propietario de Roseworld dos años antes de la adjudicación, pero negó en todo momento que favoreciese la designación de Roseworld ni que hubiese instado a los técnicos a rechazar la otra propuesta: “Ellos no habrían transigido en ese sentido”, sentenció.
Estafado
Por su parte, el dueño de Roseworld, Anil Takhurdas, responsabilizó a su socio, Kevin Phelan, de las negociaciones de reventa, y dijo que no había pagado al Consistorio porque “jamás” se aprobó el plan de modificación de la calificación de las parcelas.
El consejero delegado de Abuztua Inversiones, Rafael de los Reyes, manifestó que creía haber sido víctima de un engaño, ya que desconocía la existencia de la causa penal cuando compró los terrenos a Takhurdas y Phelan.
