Este Protocolo Adicional aclara y completa el convenio que se firmó en Estrasburgo el 15 de mayo de 2003, y que tipifica como delitos diversas conductas relacionadas con la corrupción, entre ellas el cohecho activo y pasivo en los sectores público y privado, el tráfico de influencias y el blanqueo de productos de delitos de corrupción y contables.
España presenta una declaración de reserva, para el caso de que el Reino Unido aplique el Protocolo Adicional a Gibraltar.
Así, recalca en la declaración que Gibraltar es un territorio no autónomo de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido y que está sometido a un proceso de descolonización de acuerdo con las decisiones y resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Añade que las autoridades de Gibraltar "tienen un carácter local y ejercen competencias exclusivamente internas que tienen su origen y fundamento en la distribución y atribución de competencias efectuadas por el Reino Unido, de conformidad con lo previsto en su legislación interna, en su condición de Estado soberano del que depende el citado territorio no autónomo".
El convenio fue redactado por el Consejo de Europa en el marco de la cooperación jurídica internacional impulsada por el Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO).
Ha sido suscrito por la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa y la totalidad de los del GRECO, aunque otros cuatro países, además de España, presentaron declaraciones de reserva antes de ratificarlo. Se trata de Dinamarca, los Países Bajos, Suecia y Suiza.
El Protocolo entró en vigor de forma general el 1 de febrero de 2005 y entrará en vigor para España el 1 de mayo de 2011.
