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El PP exige al Gobierno que recurra la sentencia del Tribunal Europeo sobre fiscalidad

Existe un plazo legal para la presentación del recurso de casación

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El diputado nacional del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, realizó ayer un llamamiento al ejecutivo de Rodríguez Zapatero para que el Gobierno recurra la sentencia del Tribunal de la Unión Europea que avala la reforma del impuesto de sociedades en Gibraltar y que otorga a la colonia un régimen fiscal propio.

El diputado ha recordado que existe un plazo legal para la presentación del recurso de casación contra la sentencia que anuló el veto impuesto por la Comisión a la reforma del impuesto de sociedades de Gibraltar presentado en 2002 por el Reino Unido.

Desde el Ministerio de Exteriores que dirige Miguel Ángel Moratinos se informó, poco después de conocerse el contenido de dicha sentencia, que los servicios competentes de la administración española estaban ya estudiando el alcance e implicaciones de la sentencia. “Ha pasado casi un mes, queda otro para que se cumpla el plazo legal para presentar el recurso y España no puede perder la oportunidad de mostrar su rechazo a la decisión adoptada por el Tribunal de la Unión Europea. La presentación de este recurso sería la mejor manera de España de demostrar su interés por velar por los intereses de los españoles”, subrayó Landaluce.

Doble rasero
“Una de las cuestiones que más preocupa al Partido Popular”, añadió, “es la reaparición del doble rasero de medir con el que Gibraltar siempre sale beneficiado.  Esta decisión hace de la colonia británica un paraíso fiscal donde se favorece el ‘dumping’, práctica que permite la venta de mercancías en los mercados exteriores a precios sensiblemente más bajos que los vigentes en el mercado interior y en el mercado mundial y con frecuencia por debajo de los costos de producción. Esto favorece a unas empresas frente a sus competidores al permitir una bajada de precios que sin este favoritismo fiscal se hace imposible”.

Según Landaluce, esta sentencia “ha supuesto un paso más para Gibraltar y un nuevo retroceso en las buenas  relaciones de vecindad que deben primar entre vecinos que están condenados a entenderse”. 

En su opinión, “Gibraltar sigue sumando puntos en sus pretensiones soberanistas y el Gobierno español debe intentar por todos los medios atajar un agravio comparativo que deja a las empresas españolas en una clara desventaja, al igual que ocurre con  el Reino Unido”.

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