El Ayuntamiento de Algeciras no despedirá a ningún trabajador dentro de su plan de ajuste. Así lo garantizó ayer el concejal de Hacienda, Luis Ángel Fernández, quien compareció para dar a conocer las claves la fórmula de ahorro municipal para hacer frente al crédito ICO solicitado al Estado por valor de 87.693.507 euros. Con esta cantidad se pagarán, a partir de mayo, facturas pendientes a proveedores de obras, servicios y suministros.

La devolución del préstamo, con un tipo de interés del 5%, se debe llevar a cabo en un máximo de diez años -los dos primeros de carencia, es decir, pagando sólo los intereses-, y por ello el Consistorio se ve obligado a hacer importantes recortes.

Entre ellos, uno de los más importantes es el referido al capítulo de Personal, en el que se reducirá el coste de los 55.223.501,89 euros actuales a los 49.695.335,93 previstos para 2022, lo que supone un descenso en algo más de 5,5 millones de euros.

Fernández aseveró que sólo se cubrirán la mitad de las bajas que se produzcan por incapacidad o jubilación en esos años. Esta práctica afectaría a la totalidad de delegaciones y empresas municipales salvo Algesa y la Policía Local.

El otro gran recorte se producirá en los gastos corrientes, que pasarán de los 114 millones de euros de 2012 a los 88,1 millones de 2022. Los gastos de capital también se reducirán de 10,05 a 8,92 millones; y los no financieros pasarán a ser de 124,1 a 97,1 millones de euros.

Asimismo, Fernández indicó que prevén aumentar el capítulo de ingresos por impuestos director en 7,2 millones de euros, y el de tasas en 3,32 millones de euros, para lo que se hará necesario incrementar estas imposiciones, eso sí, en cuantías que no sobrepasen nunca el IPC.

Del mismo modo, el edil garantizó, desde su cargo como diputado provincial de Personal, una mejora en el servicio de recaudación, con la incorporación de cinco trabajadores más y el afán de mantener la tendencia al alza de la recaudación, que se incrementó ya en el último ejercicio hasta un 70%, pero que aún sigue siendo de los más bajos.

Para Fernández, este plan de ajuste, que se presentará en Pleno el viernes, resulta “imprescindible aunque no hubiera que pagar esta enorme deuda”, y garantiza a los proveedores que, “una vez puesto el marcador a cero” el pago de sus servicios futuros en un plazo máximo de 60 a 90 días.