El Gobierno local pretendía haber impulsado esta semana el proceso de funcionarización de 300 trabajadores municipales a través de la sesión plenaria, pero las advertencias sindicales -primero del SIP y, después, del SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios)- han frenado dichas aspiraciones; al menos hasta delimitar el ámbito legal bajo el que se puede operar dicha fórmula. El jueves por la tarde, el propio Ayuntamiento confirmaba la decisión en un comunicado cargado de cierta ambigüedad, ya que en todo momento se evita la palabra “funcionarización” y en el que se aludía a motivos presupuestarios: “El Ayuntamiento ha decidido aplazar el proceso de modificación de la plantilla municipal para la creación de plazas hasta que la Ley de Presupuestos Generales del Estado permita ofertar dichas plazas. De esta manera, se persigue que la creación y la oferta de las plazas se hagan en paralelo en el tiempo, garantizando la estabilidad de la plantilla”.
Con antelación a este comunicado, el portavoz del Gobierno local, Antonio Saldaña, ya había salido al paso de las críticas sindicales a este procedimiento asegurando que el mismo se iba a llevar a cabo “cumpliendo los requisitos que marca la ley”, así como que responden a una decisión planificada y se encuentran enmarcados dentro del Plan de Ajuste. “Había un primer ajuste en materia de personal y después, una regularización de la situación laboral del Ayuntamiento, lo que es el Ayuntamiento en sí y las empresas municipales para ordenar la plantilla, seguido de una segunda fase que persigue la estabilidad y consolidación de los puestos de trabajo”, en relación al citado proceso que, de momento, permanece aparcado.
No ha sido la única novedad en materia de política de personal durante esta semana. Este mismo viernes se hacía público que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Jerez ha admitido a trámite la demanda de la Agrupación de Técnico Municipales de Jerez de la Frontera (ATMJ) contra la eliminación y el pago de productividades “a dedo” en el Ayuntamiento de Jerez. En la demanda la ATMJ denuncia varios aspectos en la concesión y eliminación de productividades, entre ellas la forma por la que el Gobierno Municipal ha eliminado las productividades existentes y ha concedido y pagado nuevas productividades a los empleados municipales. La ATMJ recalca que, pese a que el Gobierno Municipal ha criticado reiteradamente a gobiernos anteriores por su gestión de las productividades y ha prometido en varias ocasiones la elaboración de un Reglamento de Productividades que evitase la concesión interesada de sobresueldos “que podían dar lugar al pago de favores, ha establecido un sistema absolutamente parcial y arbitrario en el pago de productividades”.
El sindicato apunta que ha exigido al Gobierno Municipal la elaboración de un Reglamento que contemple los requisitos que un empleado debe cumplir para poder tener derecho a una productividad, como único medio de evitar la arbitrariedad y con ello cuanto menos la desviación de poder. “Hemos planteado varias veces esta cuestión en las reuniones de la Mesa General de Negociación y no hemos tenido respuesta alguna por parte del Gobierno”, exponen. En la demanda, la ATMJ también denuncia que, habiendo realizado un ERE de 260 trabajadores motivado en causas económicas, el Gobierno Municipal esté pagando complementos de productividad por una cuantía total superior a la que se pagaba en septiembre de 2013.
empresas municipales
Ha habido una tercera cuestión en juego que incide directamente sobre el resultado económico del Ayuntamiento: el balance de las empresas municipales en 2013. El Gobierno local se ha aferrado al dato positivo del ejercicio: el resultado operativo por el funcionamiento ordinario de las empresas arroja un saldo positivo de unos 800.000 euros. Sin embargo, el resultado global depara unas pérdidas de alrededor de cinco millones de euros, que el propio Ayuntamiento achaca a las “operaciones contables especiales” que se han llevado a cabo “en un periodo de reestructuración” del holding municipal. Así, y “conforme a esta distinción, el año pasado se contabilizaron operaciones extraordinarias por valor de unos 6 millones de euros”.
Dichas operaciones especiales han venido motivadas principalmente por la disminución en la valoración de activos de las empresas Emuvijesa y Emusujesa para adaptarlas a los valores reales del mercado, una medida necesaria para dar una imagen real de la situación de las sociedades antes de su fusión, prevista en el plan de reestructuración de las empresas municipales, y que ha tenido una repercusión en las cuentas por valor superior a los tres millones de euros.
