Las concesionarias de los servicios de ayuda a domicilio y limpieza de dependencias municipales y colegios públicos de Infantil y Primaria han trasladado ya al Ayuntamiento su intención de abandonar la prestación de estos servicios como consecuencia de las deudas que se han venido acumulando. En concreto, y según los datos ofrecidos por el propio Consistorio, la Administración local adeuda a estas empresas 8.067.971 euros, asegurándose desde el Gobierno que el pasado mes de junio la deuda por la prestación de estos tres servicios era de 9.877.414 euros.
El Ejecutivo sostiene de hecho que desde esa fecha se han abonado a estas empresas 10.772.410 euros y que, “de no haber tenido que afrontar la deuda dejada por el PP”, el Ayuntamiento se encontraría hoy “al día en los pagos”.
En el caso del servicio de limpieza de dependencias municipales y colegios públicos de Infantil y Primaria, la empresa Ingesan ha expresado su voluntad de abandonar la concesión a la mayor brevedad posible, acogiéndose para ello a lo dispuesto en el artículo 216.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que contempla que “si la demora en el pago fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen”. Por el contrario, la UTE Macrosad-Ingesan, que atiende el servicio de ayuda a domicilio ha trasladado su intención de no prorrogar la concesión más allá del 14 de octubre de 2016, que es cuando finaliza la prórroga actual. En este caso, la sociedad también advierte de que la situación actual del contrato “es insostenible”, ya que los impagos le están generando un “perjuicio” y un “desequilibrio económico”.
Argumentos del Gobierno
El Gobierno local no cree sin embargo que los impagos sean la verdadera razón de estas decisiones empresariales, ya que “la tendencia de reducción de la deuda” de estos últimos meses “hace pensar que no es el motivo económico el que subyace en la decisión de estas empresas del grupo OHL”, asegurando que “los responsables de estas contratas” le trasladaron que se trata de “una decisión a nivel nacional del grupo de empresas”.
El Gobierno no descarta a pesar de todo que se alcance un acuerdo con ambas empresas y en todo caso ya está “buscando otras vías de solución como la de la prestación mancomunada” de estos servicios, explorando actualmente esta vía con la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz.
“Si no se pedalea, la bicicleta se para”
El portavoz adjunto del grupo popular, Antonio Saldaña, enmarcó la decisión de estas empresas en la falta de acción del Gobierno local. “El PSOE está viviendo de la inercia de los años anteriores, pero cuando uno va en bicicleta y no se pedalea, la bicicleta se para y termina por caerse”, aseveró. Saldaña aseguró por otra parte que el grueso de las facturas pendientes de pago son de estos últimos meses, lamentó que no se haya informado de esta cuestión en el Pleno y recordó que los servicios básicos pudieron prestarse en la pasada legislatura “gracias al Plan de Pago a Proveedores” que puso en marcha el Gobierno central.
