La presidenta de Diputación, Irene García, ha detallado al Consejo de Alcaldías las cifras de la liquidación del presupuesto de 2016. Un ejercicio que se ha cerrado con un superávit consolidado de 64´7 millones de euros, y del que se deduce un remanente de 23´2 millones que podría dedicarse a financiar inversiones productivas en la provincia de Cádiz. Esa posibilidad sólo puede elevarse a certeza en caso de mediar “voluntad política” por parte del gobierno estatal, según ha referido Irene García. En el próximo Pleno de Diputación –previsto para el próximo miércoles 17 de mayo- el gobierno provincial reclamará que “esos 23´2 millones de euros puedan conformar un plan de inversiones” que incida en actuaciones de creación de empleo y renovación de infraestructuras. El Consejo de Alcaldías ha resuelto amparar esta pretensión. A este órgano, constituido en el presente mandato corporativo por Diputación, pertenecen 40 Ayuntamientos de la provincia de Cádiz: de los 29 municipios de menos de 20.000 habitantes y las 11 entidades locales autónomas.
Irene García ha referido que esta solicitud de reinversión ya ha sido planteada ante la Junta de Portavoces de Diputación y que es un asunto que se comparte por unanimidad en la Federación Española de Municipios y Provincias. La lógica es la siguiente: las entidades locales que han cumplido con rigor los postulados de la Ley de Estabilidad Presupuestaria refrendan su gestión económica con cifras de superávit; ahora, quieren que estos recursos se extiendan hacia la sociedad que ha encarado la crisis y que no se destinen únicamente a la reducción de deuda.
La presidenta de Diputación ha recordado que el reciente Plan Invierte ya se nutrió con 8 millones de euros procedentes del superávit de 2015. Si bien ha precisado que las condiciones impuestas por el Gobierno estatal fueron “leoninas”: se limitaban las actuaciones a las denominadas inversiones financieramente sostenibles, además de exigirse una ejecución en un plazo de tiempo exiguo. “Este año –al no haberse aún aprobado los Presupuestos Generales del Estado- las circunstancias son aún más complejas”, por lo que desde el conjunto de las entidades locales se reclama al Gobierno de España que permita aplicar el superávit de 2016 no sólo en lo que reste de 2017 sino también en 2018.
La reclamación no sólo sería aplicable a la Diputación sino a cualquier Ayuntamiento de la provincia de Cádiz que esté en similar tesitura, con satisfactorios resultados estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública.
Irene García ha recordado los datos que confirman la gestión económica de 2016, el primer ejercicio completo resuelto por el actual gobierno de Diputación: los grados de ejecución de los presupuestos de gastos (85%) y de ingresos 88%) superan ampliamente los promedios del conjunto de Diputaciones españolas; el nivel de endeudamiento se sitúa en el 71% de los recursos corrientes muy lejos del 110 que establece el límite legal; además, en marzo de 2017 se alcanzó un plazo medio de pago a proveedores de 16 días.
“Este gobierno evidencia que cumple con la provincia de Cádiz y con lo que se compromete en los presupuestos”, ha concluido Irene García tras observar que el saldo de 2016 se obtiene en un año expansivo en sus inversiones, tanto en programas de empleo, como de renovación de infraestructuras o en incentivos para empresas. “La austeridad no significa no invertir en lo importante”, afirma la presidenta de Diputación.
Para que las directrices del gobierno provincial queden claras en el próximo Pleno ninguna de las dos formaciones que conforman el ejecutivo de Diputación –PSOE y PA- presentarán propuestas de partido. Junto a Irene García han comparecido ante los medios de comunicación los vicepresidentes Juan Carlos Ruiz Boix y Maribel Peinado; el responsable del área de Servicios Económicos, Jesús Solís; la responsable del área de Desarrollo, Innovación y Cooperación Local, Encarnación Niño y la diputada de Empleo, Ana Carrera
