Los casos de menores o adolescentes que agraden o maltratan a sus padres es una problemática que ha ido incrementándose en los últimos años y que necesitan una atención especializada por parte de la administración local o autonómica, que llevan a cabo una serie de medidas de actuación y, sobre todo, de prevención en situaciones donde se observan fundamentalmente comportamientos violentos o alarmantes, para evitar que se convierta en un trastorno de mayores consecuencias no sólo negativas para el hijo sino también para sus padres y la sociedad en general.

La situación de riesgo de maltrato de los jóvenes hacia sus progenitores tiene normalmente su origen en una edad temprana. Según explicaron la Trabajadora Social, Beatriz Corral, y la psicóloga Quini Nieto, ambas de Algeciras, que forman parte del equipo de un programa de prevención municipal para menores, el motivo de este tipo de conductas se debe “al modo de educar de los padres sin ningún tipo de límites, que son muy permisivos y que no les imponen unas normas concretas de actuación. Hijos que viven en una familia desestructurada, o incluso la violencia entre sus padres provoca que los menores imiten dicha conducta”.

En estos casos, a los padres se les va  los hijos de la manos. Al respecto, la coordinadora del área municipal de menores de los Servicios Sociales de San Roque, Antonia Girón, explica que “normalmente, este tipo de menores comienzan con los insultos y acaban con la agresión, convirtiéndose así en maltratadores de sus propios padres”, y comenta que su perfil suele ser sin formación alguna, con determinadas carencias y en algunos casos, incluso con trastornos psicológicos”.

La intervención en este tipo de menores suele venir de la mano de la administración local con programas destinados a evitar estas situaciones e intentar modificar la conducta de estas personas. No obstante, la administración autonómica es la que se encarga de los hijos agresivos mayores de 18 años, aunque también tiene la responsabilidad de estudiar los expedientes de menores con un nivel importante de agresividad para su posible internamiento en un centro de protección al objeto de alejarle de la unidad familiar por un tiempo determinado e intentar de esa forma mayores consecuencias. Además, subvenciona parte de los gastos de los programas llevados a cabo por los equipos de los diferentes Ayuntamientos, compuestos por trabajadores sociales, psicólogos y educadores.

Escuelas de familia
Existen dos niveles de intervención por parte de estos profesionales, según explicó Girón. Por un lado, “se trabaja a nivel preventivo en situaciones donde comienzan a observarse dificultades a la hora de que los padres puedan ejercer su autoridad como tal y con riesgo para el menor. Cuando detectamos este tipo de casos, les ofrecemos a los padres una serie de pautas de comportamiento que entran dentro del programa denominado Escuelas de Familia, donde se aborda cómo debe ser la relación de padres de hijos, la educación, el comportamiento y la jerarquía en el ámbito familiar para evitar situaciones concretas de agresión, aunque sin vulnerar en ningún caso el derecho de los menores. A estos programa acuden los padres libremente cuando notan ciertas dificultades a la hora de educar a sus hijos, pero se trata de casos donde la situación todavía no es insostenible y el menor no está en grave riesgo”.

La divulgación de esta iniciativa se hace a través de los colegios donde se les mandan a los padres unos folletos  informativos, e incluso a través de los medios de comunicación.

Además, los Ayuntamientos suelen planificar diferentes actividades como charlas informativas sobre diversos temas para concienciar a los menores de la vida en grupo y retirarlos el mayor tiempo posible de la calle, así como ofrecer determinados recursos para facilitar la búsqueda de empleo, e informar y asesorar para que formen parte de la escuela de adultos, o escuelas talleres, entre otros cursos de formación.

Por otro lado, en los casos donde ya existe una cierta falta de control de los padres hacia los hijos y éstos tienen un comportamiento que les afecta y comienzan a amedrentar a los padres y, en algunos casos, a agredirles y a generar situaciones de violencia, “los menores entran dentro del equipo de tratamiento familiar que tienen los distintos Ayuntamientos, con personal municipal pero subvencionado en parte por la administración autonómica con un convenio anual, en los municipios de más de 20.000 habitantes, dependiendo de la Diputación provincial las localidades de menores habitantes”.

No obstante, la ley del menor dice que hay que facilitar a la familia profesionales para mitigar situaciones de agresión. Según informó Girón “en los últimos años se están dando muchos casos en los que nos encontramos con bastantes situaciones de incapacidad clara por parte de los padres para controlar a los menores y donde los progenitores se encuentran desamparados, por lo que finalmente acuden a nosotros”.

Actuaciones
En los casos en los que unos padres se dirijan a los Servicios Sociales exponiendo un caso grave de agresión por parte de su hijo menor, después de estudiarlo, si pudiera observarse la posibilidad de que el menor pudiera tener un trastorno mental o algún tipo de patología de este tipo, se le derivaría a la unidad de salud mental infantil que depende del Servicio Andaluz de Salud para que confirme o descarte dicha posibilidad y, en caso afirmativo, tendría que ser tratado por un psiquiatra.

Si los padres corren un peligro inminente de maltrato, se les asesora de la posibilidad de ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial, “y si no lo hacen, lo hacemos nosotros.
No obstante, en estos casos continuamos con nuestros programas para intentar modificar estas conductas”, señaló la responsable del área de menores.

Sin embargo, en los casos donde corre un trastorno importante de la conducta y corre un grave riesgo la vida del menor o de los padres o vecinos, los Servicios Sociales municipales “lo comunicamos tanto por la vía administrativa como por la judicial, y si resulta conveniente, se enviaría el menor a un centro de protección de menores; y en caso de que haya habido un delito grave, se le aplicarían las medidas oportunas como una orden de alejamiento de sus padres, entre otras, o incluso, se le derivaría a un centro de reforma”, manifestó Girón.

No obstante, hay muchos casos de hijos maltratadores que no son contabilizados debido al temor de los padres o que piensan que la situación cambiará algún día. Un grave error.