La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha comenzado el juicio a miembros de una red de trata de personas que supuestamente facilitaba la llegada a la capital malagueña y otras ciudades españolas de mujeres migrantes, casi todas procedentes de Nigeria y algunas menores de edad, para explotarlas como esclavs sexuales. Hay 13 acusados y se han identificado a 15 víctimas, cinco de ellas menores.

El juicio comenzó la pasada semana con varias sesiones y está previsto que continúe esta próxima. Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, una de las procesadas era supuestamente "la principal responsable de la organización", la "líder", ayudada por su pareja. Esta regentaba un establecimiento, "base para realizar sus ilícitas actividades".

Según la acusación pública, esta acusada supuestamente participaba "en todas las fases del traslado de las mujeres desde su reclutamiento en Nigeria hasta su transporte, decidiendo en cada caso la ruta, bien terrestre-marítima o aérea, que deben seguir las chicas para venir a España" y, finalmente, a Málaga. Apunta que es la que supuestamente tiene los contactos con los demás.

El escrito del ministerio fiscal señala que era supuestamente la que contactaba con las personas residentes en Nigeria que captaban a las mujeres que luego la organización trasladaba y controlaba su ejercicio de la prostitución y añade que a las víctimas se les realizaba el ritual de vudú "por el que los explotadores se garantizaban la lealtad y el pago de la elevada deuda que contraen".

Asimismo, según se desprende de la calificación, el resto de acusados colaboraban con distintas tarea dentro de la organización, ya fuera realizar los traslados desde Nigeria hasta Europa, sobre todo Italia, y luego a España; o hacerse cargo de estas menores y controlar que llevaran a cabo el ejercicio de la prostitución en Málaga.

Supuestamente, las mujeres eran explotadas "aprovechando su situación de infortunio y pobreza, su desconocimiento del idioma y del país, la ausencia de familiares", dice el fiscal, quien añade que eran obligadas a prostituirse "todos los días de la semana en jornadas maratonianas".

Además, si no cumplía las instrucciones que daba la principal acusada, llegaban "a agredirlas físicamente" y, señala el escrito fiscal, también hablaban con los familiares en Nigeria para amenazarles.

Para el fiscal, se trata de 17 delitos contra los derechos de los trabajadores, 23 delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual cometidos en el seno de una organización criminal y tres de falsificación. De la mayoría de los primeros delitos acusa a la supuesta líder de la red, para la que pide una pena de 185 años de prisión.