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La denuncia por acoso laboral que en noviembre de 2022 presentó la ingeniera en edificación, Trinidad Rodríguez Jerez, empleada desde el año 2002 en la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios S. A. (Smassa), contra su jefe y gerente de la mercantil, Manuel Díaz Guirado, se mantiene pendiente desde hace ocho meses de la decisión que tome la magistrada de Instrucción número 3 de Málaga, para dictar un auto de sobreseimiento de la investigación o, en su caso, de transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado, lo que supondría dejar a escasos metros del banquillo al que fuera en su día también concejal de Urbanismo con el alcalde Francisco de la Torre.
Al ya ex gerente, su subordinada le imputó la comisión de "graves actos hostiles y humillantes de manera reiterada" en relación con la supervisión que como directora del Departamento de la Oficina Técnica de Smassa tuvo que realizar, por la construcción del aparcamiento público en la calle Pío Baroja y cubrimiento de las pistas deportivas. Presiones no solamente por un presunto acoso laboral, sino además otras posibles de ser constitutivas de delitos de prevaricación administrativa, de falsedad en documento oficial y también de administración desleal con Smassa.
La fiscal asignada a esta instrucción, Alicia Ferrol, solicitó a la jueza el 13 de septiembre de 2024 que dictase el auto de procedimiento abreviado, después analizar las declaraciones efectuadas por los testigos, peritos y el investigado. Y lo hizo tras llegar a la conclusión que "se ponían de manifiesto las decisiones de dudosa fundamentación del querellado", no sólo en relación con la modificación de las condiciones de trabajo de la ingeniera, sino también por supuestas presiones hacía su subordinada para que emitiera informes favorables en un sentido, y sobre los métodos empleados por el entonces gerente para la contratación pública, circunstancia que también la técnica denunció en sede judicial.
El objetivo, según la denuncia, era "evitar testigos incómodos" ante las graves irregularidades que podrían conllevar, presuntamente, la comisión de delitos tanto por parte de ella como de Smassa.
La ingeniera municipal aseguró en el Juzgado de Instrucción número 3 que durante el periodo de elaboración de los informes para adjudicar las obras del parking, el gerente Díaz Guirado "le indicó que el interés" del entonces concejal de Movilidad, José del Río, "era que la UTE constructora IELCO-CHM debía ganar" el concurso por "ser una empresa malagueña", por lo que el sobre técnico de valoración en el concurso debía de sacar de 3 a 7 puntos por encima de la empresa competidora que era nacional.
Este procedimiento administrativo, según afirmó, le generó "mucha ansiedad" y llegó a provocar la dimisión, tras 27 años en Smassa, del secretario del Consejo de Administración.
A la licitación, convocada en febrero de 2021, se presentaron también Ferrovial Construcción S. A. (que obtuvo 78,23 puntos), Guamar S. A. (77,89) y Sacyr Construcción S. A. (81,70). La UTE de CHM-IELCO se llevó el 12 de mayo de ese año el concurso, con 82,04 puntos, pero condicionado a que cumpliera en tiempo y forma lo requerido en la ley de Contratos del Sector Público. Pese a ello, ninguna de las tres mercantiles está personada en el procedimiento judicial como supuestas perjudicadas.
INCREMENTO DE LOS COSTES
En la fase de investigación de la jueza ha sido aportada documentación respecto a los modificados de las obras, que supusieron una desviación presupuestaria de la licitación, algunas de ellas no sobrevenidas.
La petición del Ministerio Público contra el querellado se apoya también en los prolijos informes sobre las obras de construcción del aparcamiento, situado en la calle Pío Baroja de la barriada del Palo, y sobre cuyo coste la arquitecta técnica advirtió en su denuncia en el juzgado que supondría un aumento de al menos 873.151 euros para las arcas municipales.
La oposición municipal, que encabeza en sede judicial el PSOE, estima que este incremento se acercaría al 30% de lo presupuestado inicialmente, por lo que calcula que la construcción del parking y la cubrición de las pistas deportivas ha estado por encima de los 12,5 millones de euros.
El presupuesto de licitación fue de 9.705.824 euros (IVA incluido), de los cuales 6.740.623 millones corresponden al aparcamiento y la urbanización de la zona. La edificación subterránea para las 422 plazas (13 de ellas para minusválidos) está distribuida en tres plantas.
Fuentes judiciales indicaron que si la magistrada diese por finalizadas las diligencias previas y calificara los hechos, además de un acoso moral podría sumar otro presunto delito de malversación de caudales públicos por causar un perjuicio económico al Ayuntamiento. En este supuesto, el encausado podría ser juzgado por un tribunal del jurado.
Aunque la Fiscalía sí se ha pronunciado en septiembre pasado, las dos partes personadas en este procedimiento (acusación particular, que ejerce la ingeniera, y la popular, encabezada por el Grupo Municipal Socialista), no han trasladado hasta la fecha sus peticiones a la espera de la decisión de la jueza.
CAMINOS LABORALES INVERSOS: DESPIDO Y REGRESO
En estos últimos doce meses mientras que el procedimiento penal ha seguido su ritmo, los dos protagonistas del 'caso Smassa' han vivido circunstancias laborales diferentes. El gerente, Manuel Díaz, fue despedido e indemnizado con 22.330 euros por la empresa municipal en agosto de 2024, poco después de la llegada de la nueva concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, y a pesar de que el alcalde De la Torre, que ocupa la presidencia de la sociedad de aparcamientos, y ha sido testigo de los avatares de la edificación del parking paleño, llegase a asegurar que "las denuncias sobre Smassa no tenían consistencia".
Sin embargo, con anterioridad, en abril de 2024, cesó el jefe de Obras, Alejandro Donaire, cuya plaza fue sacada sin concurso por la gerencia para sustituir a la 'empleada díscola', que cuestionaba el sistema para tramitar las obras. En este sentido, la edil Hernández llegó a reconocer en un pleno municipal que hasta su llegada en Smassa "se hacían algunas cosas mal por la costumbre".
En esta etapa de 'reconducir la gestión interna en la casa', la trabajadora ha retornado en enero de este año a su puesto en la sociedad municipal, no sin antes haber estado más de dos años de baja por ansiedad por el problema laboral, que se ha visto acrecentado por un estrés tras la mediatización del caso.
Fue en esas circunstancias de trabajo, cuando Rodríguez decidió dar un paso para comparecer en octubre de 2022 ante el pleno municipal, presidido por el alcalde y presidente del Consejo de Administración de Smassa, para explicar ante toda la Corporación que "las cosas que me pedían hacer me llevaban a la cárcel".
Ahora, con los informes médicos y forenses aportados en la instrucción, donde los facultativos certifican que el cuadro laboral que padeció la ingeniera en las oficinas de Smassa le provocó un trastorno adaptativo, desde la llegada del gerente Díaz en 2020, cuando nunca antes había tenido problema alguno, la jueza Fuensanta López Ávalos debe resolver si existen pruebas del acoso moral y laboral, además de pronunciarse sobre si la actuación del ex directivo causó un perjuicio a las arcas del Ayuntamiento de Málaga.
