Ecologistas en Acción quiere desde el principio mostrar su rechazo más absoluto a la intención del actual equipo de gobierno de reactivar el proyecto de la Ronda Urbana SE-35, abandonada hace ocho años ante las advertencias de la Unión Europea. La inclusión de este asunto en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo el pasado día 12 parece estar más en línea con la proximidad de las elecciones que con la situación real. La Comisión Europea amenazó en el año 2014 a las autoridades españolas con la apertura de un procedimiento formal por el proyecto de esta carretera que infringe la Directiva de impacto ambiental (2011/92/EU). Al año siguiente, dicha Comisión advertía en un comunicado el “dictamen motivado” (segundo paso del procedimiento de infracción) por no aplicar la legislación europea que obliga a los proyectos que pueden tener repercusiones “importantes sobre el medio ambiente” a ser sometidos a una evaluación de impacto.
Las irregularidades, según Bruselas, se referían a la aprobación de diversos tramos de obras de la SE-35 «sin haber procedido a una evaluación de impacto ambiental exhaustiva». El trato que se le había dado en el planeamiento a esta carretera de circunvalación urbana era el de simple calle, evitando así cumplir con la ley europea. El procedimiento iniciado ayer para el anteproyecto de la circunvalación continúa sin la evaluación mencionada. En concreto, la viabilidad de la conexión entre los nuevos accesos de la autovía A-92 y la ampliación del enlace de acceso este al aeropuerto en la A-4, planificados sobre los futuros Sistemas Generales de Espacios Libres y los actuales parques urbanos, es de dudosa legalidad (1).
“Sevilla es una ciudad con serios problemas ambientales a consecuencia del calentamiento global, que ya está afectando la salud de personas vulnerables y enfermos crónicos” afirma Jesús Díaz, miembro del grupo local de Ecologistas en Acción. “La SE-35 se pretendía vender como una solución intermedia entre la SE-30 y la SE-40 sin una planificación rigurosa y actualizada, pues se basa en los presupuestos anteriores a la crisis, cuando se redactó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente”. Sin embargo, en opinión de la Federación de Ecologistas, su planteamiento actual responde principalmente a los intereses especulativos de los propietarios de los terrenos de San Nicolás y Santa Bárbara, que requerirían de un acceso de alta capacidad para poder urbanizar esos terrenos que ahora tienen carácter agrícola, y convertirlos en suelo industrial y residencial.
Ecologistas en Acción considera que la actual administración socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, parece más preocupada en garantizar el negocio a constructoras y especuladores que en proteger el medio ambiente y la calidad de vida de las personas de esta ciudad. Considera que se trata de una huida hacia delante y a ciegas, en dirección a un punto de no retorno en materia urbanística y de transporte. “Los futuros proyectos urbanísticos no pueden seguir basándose en las soluciones del siglo pasado. Construir más y más lejos, sin una planificación acorde a la situación actual es un suicidio. Las personas necesitamos un medio ambiente sano donde vivir, con acceso a los servicios básicos, como alimentos de proximidad. Vivir mejor también es estar cerca de espacios libres y zonas verdes. De esto depende nuestra salud mental y fisiológica, como indican los estudios epidemiológicos” afirma Jesús.
De aquellas lluvias, estos lodos
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla “se desenmascara” al plantear que esta estrategia, impulsada por los intereses de inversores privados, viene únicamente a responder a la premisa de ampliar la red de infraestructuras por carretera para atender nuevas zonas de expansión económica y logística del Norte y Este de la ciudad. A la vista del tiempo transcurrido y de la evolución social, económica y urbana de la ciudad, en opinión de Ecologistas en Acción “el Ayuntamiento de Sevilla parece no haber aprendido la lección”. “En lugar de aprovechar la ocasión de crear un gran Parque Agrario que responda a las futuras necesidades que va a imponer el decrecimiento forzoso en el futuro, la alternativa que se nos presenta es la de siempre. Ni nos encontramos en la situación previa a la redacción del PGOU de 2006, ni podemos crecer ilimitadamente basándonos en el consumo de combustibles fósiles y el transporte por carretera, ni la reactivación de estos planes se justifica con la realidad demográfica de Sevilla y su área metropolitana o por las necesidades de suelo logístico o industrial, cuyo elevado número de polígonos industriales en la actualidad se encuentran en estado de semi-abandono”.
Para la redacción del PGOU de 2006, el Ayuntamiento recibió de los propietarios del suelo por donde debía discurrir la SE-35 el pago de “importantes” cantidades económicas a fin de acometer la expropiación de los suelos y la ejecución de los sistemas generales. Todo ello con carácter previo a la clasificación de los suelos por los que pasarían infraestructuras como esta. “Aunque se quiere plantear como estratégica, realmente obedece a intereses inmobiliarios sobre las últimas grandes bolsas de suelos de San Nicolás o Santa Bárbara, cuyos propietarios amenazan al Ayuntamiento con demandas en los tribunales. No podemos pagar hoy con nuestra salud aquellos dislates pasados”- sentencian los ecologistas.
Un proyecto polémico.
La SE-35 es un proyecto con una larga trayectoria de protesta social. Aunque no era el primer tramo proyectado en el anteproyecto del PGOU de 2006, la propuesta de construir un ramal diagonalmente sobre el Parque del Tamarguillo, hizo prender la mecha. Ante la denuncia de la Asociación ecologista y vecinal Movida por el Parque Tamarguillo, la Comisión Europea amenazó con una sanción si no se abandonaba este proyecto que incumplía la normativa urbanística europea al carecer de Estudio Ambiental específico. De hecho, la SE-35 se subdividió en múltiples tramos aislados, con los que se pretendía construir la vía completa y que fueron desarrollados “a posteriori” de la aprobación del PGOU, por lo que no bastaba este plan urbanístico para autorizar los tramos.
Efectivamente, la construcción de la SE-35 significaría, además de la modificación del cauce natural y la desaparición de zonas de notable valor ecológico, la destrucción del Parque del Tamarguillo, construido con 25 millones de euros de los fondos de la Unión Europea. Un espacio verde usado habitualmente por muchas personas del Distrito Este de Sevilla, que además alberga importantes valores socio-ambientales y arqueológicos. Ecologistas en Acción considera que, como en 2015, destruir este parque para beneficio de oscuros intereses económicos “no es de recibo”, algo en lo que tanto Ecologistas en Acción como la Comisión Europea coinciden. “La salud de las personas está por encima de los intereses de unos pocos. No dudaremos en volver a denunciar ante instancias europeas”- advierten.
Desajuste con el resto del planeamiento
El trazado proyectado para la SE-35 en la normativa y planeamiento actual, en opinión de Ecologistas en Acción “es más que dudoso” y completamente desajustado al resto del planeamiento. Hay que señalar que aunque la SE-35 tiene carácter metropolitano, “no figura ni en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), ni en el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, ni en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS)". El PGOU vigente de 2006 propone la SE-35 como vía metropolitana (entre la SE-30 y la SE-40) que se extendería por los municipios de Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Gelves, Mairena del Aljarafe y Salteras, entre otros. De hecho, el Ayuntamiento de Sevilla tiene la obligación de revisar la decisión de incluir la SE-35 en su PGOU por ser contraria al principio de Movilidad Sostenible de dichos planes.
En opinión de Ecologistas en Acción, este intento de recuperar la SE-35 es una muestra de la huida hacia adelante en la política urbanística impulsada en este final de legislatura por el Alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. En palabras de Jesús Díaz: “La administración socialista está defendiendo la reactivación de planes urbanísticos sobre los últimos suelos agrícolas de calidad en el municipio, hacia un modelo de ciudad aún más difusa por el Sur y el Este, más allá de la ciudad consolidada. El mejor ejemplo es el intento de reactivar los proyectos en San Nicolás Oeste (paralizados cuando IKEA desistió del proyecto), o la urbanización salvaje en la zona de Palmas Altas. La reactivación de estos planes no se justifica, ni con la realidad demográfica de Sevilla y su área metropolitana, ni por las necesidades de suelo logístico o industrial, con gran cantidad de suelo disponible en los polígonos actuales. Más bien responden a los intereses del sector de la construcción, que pretende de esta manera que no cese su actividad. Estos planes urbanísticos de crecimiento ilimitado en la periferia son costosos de mantener y energéticamente insostenibles pues traen consigo la necesidad de nuevas infraestructuras de transporte, como una pescadilla que se muerde la cola constantemente. Este es el caso de la SE-35, que sería un aldabonazo más contra la sostenibilidad de la ciudad de Sevilla, continuando la apuesta tanto de los gobiernos socialistas como los de la derecha, en políticas de fomento del vehículo privado y motorizado como medio de transporte hegemónico en el área metropolitana de la ciudad”.
Las consecuencias ambientales que supone el aumento de la contaminación rodoviaria que traen proyectos como este, con más superficie asfaltada responsable del fenómeno de la isla de calor que provoca el crecimiento insostenible de la ciudad, junto al desarrollo contrario de la SE-35 en la planificación metropolitana y la amenaza que significa la destrucción del Parque del Tamarguillo por esta autovía, además de la posibilidad de las posibles sanciones por parte de la Comisión Europea, son motivos más que suficientes para abandonar definitivamente la SE-35, y para que, de una vez por todas, desaparezca de los documentos de planificación, en opinión de Ecologistas en Acción.
Desde Ecologistas en Acción, en su compromiso con la salud de las personas, apoyarán las movilizaciones vecinales que se pongan en marcha desde el Distrito Este de Sevilla (Torreblanca, Parque Alcosa y Sevilla Este) y no dudarán en llevar al gobierno municipal de nuevo ante la Comisión de Peticiones de la Unión Europea si el Ayuntamiento de Sevilla persiste en continuar con el proyecto.
