La publicación este martes en el BOE de la disolución de las Cortes Generales, tras la aprobación por el Consejo de Ministros de la convocatoria de las próximas elecciones al Congreso y al Senado para el 23 de julio, conlleva paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), una de las principales reivindicaciones de los sindicatos de funcionarios que mantienen desde el pasado 17 de abril una huelga por la que solicitan mejoras salariales y profesionales al Ministerio de Justicia.
La elaboración de la LOEO, exigencia de la UE para mejorar el servicio público judicial en España como contraprestación a los fondos europeos tras la pandemia, ha generado el rechazo de CSIF, CC OO, STAJ y UGT por considerar que no garantiza los actuales destinos de los 45.000 funcionarios, puede conllevar también una reducción de las plazas y servicios, e incrementa la movilidad funcional y geográfica en los juzgados y tribunales distintos a aquellos en los que está asignado el personal de Gestión, Tramitación Procesal, Auxilio Judicial y médicos forenses.
Los cuatros sindicatos, que habían solicitado una negociación previa de la LOEO con el departamento de la ministra Pilar Llop, consideran, sin embargo, que pese a esta paralización persiste otro de los objetivos de esta huelga indefinida, como es el reconocimiento retributivo de las funciones de los cuerpos generales de funcionarios.
Una demanda que se concreta en un aumento salarial, de entre 430 y 350 euros al mes, según las cuatro escalas, a través del denominado Complemento del Puesto.
Los funcionarios reclaman también que se eliminen las diferencias retributivas de los grupos de población, equiparándolas a las que cobran los del Grupo I, así como que se establezcan unas cuantías mínimas para el complemento de Carrera Profesional.
En un comunicado, el Comité de Huelga de Málaga recuerda a los 1.900 funcionarios de Justicia de la provincia malagueña que el paro indefinido continuará mientras que no se alcance un acuerdo con el Ministerio, como lo ha hecho el 28 de marzo con los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), y el pasado 23 de mayo con las asociaciones de jueces y fiscales.
Para las organizaciones convocantes, con estos dos acuerdos salariales el conflicto en el Ministerio lejos de cerrarse se mantiene abierto "por dignidad" con el resto del personal de Justicia.
"El personal que menos cobra y que más efectivos aporta al funcionamiento de este servicio público esencial, ha quedado postergado intencionadamente por el Ministerio de Justicia, sin que hasta la fecha tengamos todavía fecha y hora para la primera reunión que pueda poner fin al conflicto de forma dialogada tras más de un mes de huelga", señalan los sindicatos.
Según explicó José Miguel Ruiz, delegado de CSIF en Málaga y miembro del Comité de Huelga en esta provincia, "el gobierno sigue plenamente operativo. No ha cambiado nada más allá que la paralización de la ley, y los interlocutores siguen siendo los mismos".
UN GOBIERNO "PLENAMENTE ACTIVO" HASTA JULIO
Los sindicatos recuerdan que, a pesar de las elecciones anticipadas, "no estamos ante un gobierno en funciones sino ante un gobierno plenamente activo", que puede seguir trabajando con normalidad y proponiendo iniciativas en las próximas semanas.
"Por ello, no existe impedimento legal para el Gobierno de negociar con las organizaciones sindicales para solucionar un conflicto. De hecho, existen precedentes de acuerdos firmados con gobiernos, semanas antes de unas elecciones, en 2008 y en 2018", recuerdan los convocantes, una de cuyas reivindicaciones por esta protesta es aclarar las funciones de los funcionarios en las oficinas judiciales y su retribución por las mismas.
Los funcionarios participaron a primera hora de este martes en una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia en Teatinos, y una posterior asamblea informativa con los sindicatos.
Desde las organizaciones sindicales se teme que si no se logra un acuerdo con el actual equipo de Llop antes del 23 de julio para el 93% de la plantilla de Justicia, y si se produce un cambio de orientación del futuro Gobierno con los habituales relevos ministeriales, los funcionarios pueden ver frenadas sus peticiones laborales más allá del verano.
Además de la suspensión de 3.000 juicios en la provincia de Málaga en estas siete semanas de huelga, y más de 12.000 demandas pendientes de tramitar no solo en Málaga, sino también en Marbella, Estepona, Antequera, Torremolinos, Fuengirola o Ronda, cada jornada está suponiendo de media para el funcionario que secunda la huelga una pérdida económica de 100 euros diarios, por lo que la crispación en los tribunales va en aumento, máxime cuando el Ministerio de Justicia no ha convocado a los representantes sindicales a reunirse para negociar una salida a este conflicto.
