Entró en la Administración de Justicia hace ahora 20 años, primero como interino y, posteriormente, por oposición en una plaza de Tramitación Procesal. Alfonso Justicia Barajas (Málaga, 1975) está destinado en un Juzgado de lo Social malagueño y es, desde 2015, uno de los dirigentes sindicales de la segunda fuerza con mayor representación entre los 9.000 funcionarios de Justicia de Andalucía.
Tras semanas de huelga desde abril, los sindicatos esperan a que se constituya el nuevo Gobierno central para negociar un conflicto laboral enquistado que, dicen, "es responsabilidad del peor equipo ministerial" que ha tenido la ministra y jueza, Pilar Llop, que "no ha sabido resolver" parte de los problemas que arrastra este servicio público.
-¿Una confrontación laboral, como la que se registra en los juzgados andaluces y españoles, la había vivido antes?
-Hay un antecedente con la huelga del 2005, en este caso contra la Junta de Andalucía. Pero desde luego no una situación como la presente. Estamos esperando a que se constituya el nuevo Gobierno central para poder retomar la negociación con los ministros y secretarios de Estado correspondientes.
-¿Cómo valora entonces la gestión del equipo de la ministra de Justicia, Pilar Llop?
-Nefasta, nula, clasista, autoritaria y, probablemente, es la peor ministra de Justicia de la democracia. Ha tenido nula capacidad de negociación para resolver los problemas que afectan a 45.000 funcionarios de España, unos 9.000 de Andalucía. Ella es la responsable del equipo que tiene, incluido el secretario de Estado 'Tontxu' Rodríguez. No ha existido voluntad de negociar las mejoras salariales que planteamos, o sobre la aplicación de la futura LOEO. Y se han escudado en la celebración de las elecciones generales para suspender el diálogo, cuando desde el 17 de abril ya estamos en huelga. En esa fecha no existía convocatoria de comicio alguno, salvo los municipales y autonómicas, y se hablaba que las generales eran para noviembre de este año.
-Con los sindicatos generalistas el ministerio de Llop no ha llegado a ningún acuerdo, pero sí con las asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración...
-Así es, pero son unos acuerdos que están en el aire porque todavía no se les ha pagado las subidas, pero sí han salido publicadas en el BOE su reconocimiento la semana pasada. La definición de clasismo se demuestra por el mero amago que hicieron los jueces y fiscales de amenazar con una huelga, algo que tienen prohibido, para que inmediatamente la ministra Llop se sentará a negociar con sus asociaciones. Con los antiguos secretarios también hicieron un paro de dos meses, y firmaron en marzo, pero con los sindicatos de los cuatro cuerpos de funcionarios, que representamos al 93% de la plantilla de Justicia en toda España, ni se han sentado. Es indignante...
ÁNIMOS TRAS LAS JORNADAS DE HUELGA DESDE ABRIL
-¿Cómo se encuentran los ánimos en las plantillas judiciales en Málaga y del resto de Andalucía?
-Es cierto que hay un cierto desánimo, pero también una expectación por ver cuándo se constituya el futuro Gobierno, sea del signo que sea, de qué manera se afrontará esta negociación con los sindicatos. Hemos hecho una huelga parcial e indefinida dura, que han secundado muchos compañeros, y no descartamos volver a retomar las movilizaciones si no se quiere negociar nada con nosotros.
-¿Se sabe cuántos son los expedientes atrasados o paralizados en los juzgados de Málaga por la huelga de funcionarios hasta el 21 de junio?
-Los sindicatos desconocemos el número de expedientes acumulados, puesto que tanto la Gerencia de Justicia como la Junta de Andalucía no nos han dado traslado de esa información. La estadística la hacen trimestralmente los letrados judiciales y no tenemos datos sobre los efectos que hay en Málaga desde inicios de este año, pero somos conscientes que son miles.
-Andalucía tiene transferencias de Justicia desde hace dos décadas. ¿Qué papel tiene la comunidad autónoma en este conflicto laboral?
-Le pilla fuera puesto que los tres puntos que reivindicamos los cinco sindicatos, como son negociar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), la definición de las funciones en los juzgados y la subida salarial, son competencia del Ministerio de Justicia. A la Junta de Andalucía le estamos pidiendo que concrete de qué manera va a realizar los descuentos por los días de huelga, ya que ella es la que nos paga las nóminas. Hemos tenido una reunión a inicios de septiembre, y estamos a la espera de que se nos defina este aspecto, que es curioso, dicho sea de paso, nos quieren descontar cuando desde hace una década nos deben dos pagas extras por los recortes de 2012. Unas pagas, de unos 3.000 euros de media por empleado, que ya han recuperado los compañeros de todas las comunidades autónomas menos Andalucía. No es coherente que una administración pública, que no abona una parte del salario que fue recortado hace años a unos 6.500 empleados, haga ahora los descuentos en las nóminas al personal que ha participado en los días de huelga. Nunca se pensó que iban a transcurrir cinco años para que la Junta de Andalucía cumpliese el acuerdo de las pagas extraordinarias, que se pactó en 2018.
-¿Y se cumplen todas las expectativas en el funcionamiento diario en los juzgados y de medios materiales en los tribunales andaluces?
-En este momento no. Hay una barbaridad de deficiencias en riesgos laborales o en infraestructuras también. En Málaga, en la Costa del Sol, no hay ninguna sede judicial nueva en estos últimos años. Allí se disponen de trece edificios judiciales, repartidos en Torremolinos, Marbella o Estepona, que están desperdigados y de ellos nueve en alquiler, lo que supone un coste importante para la Junta. Lo hemos dicho en numerosas reuniones y han respondido que 'no había dinero' para construir un edificio para todos estos órganos. También nos falta personal en las delegaciones provinciales de Justicia, lo que contribuye a restar una mejor respuesta en la gestión de la bolsa de interinos, sustitución de las bajas temporales y otros temas. La Ciudad de la Justicia de Málaga se inauguró en noviembre de 2007, y se sabía que iba a quedarse pequeña. Han quitado, incluso, hasta la cafetería para utilizarla como sede para los abogados, procuradores y graduados sociales, y para ocupar dos juzgados nuevos.
