Quizás no haya habido desde Platón una Academia más controvertida que la del Málaga CF, al menos en lo que se refiere a la construcción de sus instalaciones en Arraijanal. Porque, lo ha denunciado públicamente la Asociación Ciriana: las obras de la primera fase “pueden estar llevándose a cabo con una licencia que ya no está vigente”, tras las sucesivas prórrogas concedidas.

Y para ello, se han basado en dos documentos: uno solicitado a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que han contrastado con el expediente del polémico proyecto puesto en marcha en su día por el club bajo la Presidencia del jeque Abdullah Al Thani.

Según señaló Mari Cruz Torres, portavoz de la Asociación Ciriana, a Viva Málaga “la licencia original de obra está desaparecida en el expediente” en el que, lo que figura es “la propuesta técnica del arquitecto de diciembre de 2016”.

Ahí arranca todo, porque según Ciriana, se expide en 14 de junio de 2017, con seis meses para arrancar, pero pasa ese plazo, con el jeque sin dinero para empezar las obras, y se llega a que en 2018 no se había empezado, reclamando otra prórroga que amplíe el primer plazo que se concede en febrero de 2018, cuando “se empieza mover tierra, hasta el verano que se paran por la presencia de restos arqueológicos”. Ese mismo año, la empresa Bilba, “como no le pagan las cinco certificaciones emitidas, rompe el contrato unilateralmente y se retira”, aseguran.



Así, la siguiente prórroga, es concedida en febrero de 2021, pero, estuvo parada desde noviembre de 2018, según Torres, por lo que al iniciarse ahora el mes de octubre, “se incumplen” varias normativas urbanísticas: el artículo 173 de la Ley 7/2022 de Ordenación Urbanística de Andalucía; el artículo 22 del Decreto 60/2010 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad autónoma de Andalucía, y el 24 de la Ordenanza Municipal de Málaga reguladora de la tramitación de licencias urbanísticas.   

Sin embargo, la portavoz de Ciriana asegura que al reclamar al alcalde Francisco de la Torre, como presidente del ayuntamiento de la capital, que dicte de oficio la caducidad de todos los plazos legales, reciben como respuesta un informe jurídico “con fechas que no son las reales y se han puesto para que se ajusten y no perder la licencia”, obviando la inicial de junio de 2017 y Llevando a cabo la cuenta desde que se otorga la prórroga desde 2018”.

Con todo esto, se produce, aseguran, una contradicción entre la fecha recogida para la finalización de las obras de esta primera fase en la cartela, que habla del 17 de septiembre de 2023 y que no cuadraría con el plazo de tres años que finalizaría en febrero de 2024.

Además, desde Ciriana aseguran acerca de que la comunicación de prórroga es de fecha 22 de febrero, antes de la conclusión del plazo para la ejecución de las obras, que es un dato que “tampoco es correcto, porque la fecha de comunicación de prórroga ha sido el día 2 de marzo de 2021”, lo que ven, “fuera completamente del plazo legal establecido, que otorgaba 36 meses desde el 14 de junio de 2017, favoreciendo con este baile de fechas incorrectas a la concesionaria con grave perjuicio de los intereses generales de la ciudadanía”.

Por eso, reclamaron la paralización inmediata de las obras por caducidad de su licencia de obras y comunicación de prórroga por parte de la concesionaria cinco días fuera del plazo legal establecido en la misma y en el pliego de condiciones, aunque desde la Gerencia Municipal de Urbanismo mediante informe jurídico se asegura que se presentó correctamente y en fecha: “No hay causa para incoar el procedimiento para la declaración de la caducidad de la licencia, al haberse efectuado la comunicación de la prórroga, con fecha 22 de febrero de 2021”.

Ahora, Torres asegura que van a esperar hasta este martes día 17 cuando tienen prevista una reunión con la nueva Teniente de Alcalde y concejala de Urbanismo, Carmen Casero, donde, si las fechas de inicio y de los aplazamientos no están suficientemente justificadas, se pondrá todo en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente, ya que podría tratarse de un “caso de falsedad documental”.