Una jueza de Manresa (Barcelona) ha dejado este h¡jueves en libertad a 12 detenidos en el golpe policial que el pasado martes permitió desarticular la red española de Combat 18, una banda vinculada al nacionalisocialismo y supremacismo blanco que pretendía crear en España un proyecto neonazi.

Según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Manresa (Barcelona) han comparecido hoy 12 de los 16 detenidos en la operación conjunta del pasado martes por parte de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional, en una sesión en la que la Fiscalía no ha pedido el ingreso en prisión para ninguno de ellos.

La jueza ha acordado dejar en libertad a los 12 detenidos, aunque para seis de ellos ha dictado que comparezcan de forma semanal en el juzgado y para los otros seis que estén a disposición del juzgado siempre que sean requeridos.

La causa está abierta por los delitos de constitución, pertenencia y dirección de organización criminal, contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, tenencia ilícita de armas y explosivos y delito contra la salud pública.

La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes a 16 ultras en una operación en que desarticularon en España Combat 18, que en Alemania está ilegalizada y que en Canadá se considera terrorista.

De los 16 detenidos -13 hombres y 3 mujeres de entre 30 y 45 años-, once fueron arrestados en Cataluña: 2 de Barcelona, 2 en Lloret de Mar (Girona), 2 en El Prat de Llobregat (Barcelona), 2 en Mollerussa (Lleida), 2 en Sentmenat (Barcelona) y una en Sant Boi de Llobregat (Barcelona); y de los otros cinco, dos en Málaga, uno en Lugo, uno en Arganda del Rey (Madrid) y otro en Ventas de San Julián (Toledo).

Combat 18, considerado el "brazo armado" de Blood and Honour, es una organización que ahora pretendía desplegarse por toda España con su proyecto neonazi, promoviendo e incitando el odio por motivos racistas, antisemitas e ideológicos a través de la comisión de delitos contra las personas para subvertir el orden constitucional, según los investigadores.