El Grupo Popular, con mayoría en el Ayuntamiento de Málaga, rechazó este jueves en la Comisión de Economía que el Consistorio iniciara un plan "para sacar los locales de ocio nocturno, y en concreto las discotecas", de las zonas residenciales y desplazar así su actividad a un "entorno más apropiado".
La propuesta fue presentada por la concejala del grupo Con Málaga (IU-Podemos), Toni Morillas, y la justificó no sólo como prevención por el trágico incendio ocurrido en dos discotecas de Murcia, con 13 fallecidos el pasado 1 de octubre, sino porque muchos de estos establecimientos se encuentran situados en los bajos de edificios con vecinos residiendo, y por los problemas de contaminación acústica y de inseguridad que se vienen generando desde hace años al realizar su actividad, en algunos casos, hasta las 7 de la madrugada.
La moción fue rechazada por 7 votos en contra, del Grupo Popular y de Vox, y 4 a favor, del PSOE y de Con Málaga. La teniente alcaldesa y concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, justificó su oposición por el riesgo que supondría para la economía local iniciar este plan de traslado de la actividad.
"Estamos cumpliendo estrictamente lo que dice el Plan General de Ordenación Urbana. Y no nos van a encontrar en ningún caso en el que se pueda poner en riesgo la seguridad jurídica, la inversión de los negocios y establecimientos que hacen un importante esfuerzo, sean del sector que sea, en la ciudad de Málaga", apostilló.
Por contra, Pérez de Siles sí aceptó la propuesta de IU-Podemos de reforzar el equipo de inspección municipal para comprobar la ocupación de la vía pública por parte de dueños de locales y restaurantes, y verificar la seguridad de las discotecas.
Por su parte, la concejal de Vox, Yolanda Gómez Marín, sí se mostró en este sentido favorable a realizar mayores inspecciones a las salas de fiestas para comprobar si cumplen con la legalidad y la seguridad de sus instalaciones.
PETICIÓN VECINAL PARA QUE SALGAN DEL CENTRO
Durante la Comisión de Economía intervino por espacio de tres minutos el arquitecto y representante de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, Óscar Águdo Ruiz, que preguntó a los ediles respecto a "¿Cuántos de ustedes duermen con una discoteca debajo de sus casas? Seguro que nadie. Pues no saben la suerte tan grande que tienen al poder descansar", sentenció.
Para este vecino, la ubicación de una sala de fiestas debajo de un edificio residencial (en el centro histórico existen más de una treintena) conlleva ruidos por el alto volumen musical, aglomeraciones de público con gritos y cánticos, vibraciones en ventanas, vómitos y orines, basuras por los eventos que se realizan, o peleas y reyertas que impiden, "no solo los fines de semana", el descanso vecinal a diario.
Águdo, que al igual que otros dos vecinos del centro denunciaron en 2018 al Consistorio de la capital por su pasividad respecto a la contaminación acústica que sufrían en sus casas próximas a la Plaza del Marqués del Vado Maestre, insistió en que las actividades de ocio nocturno son incompatibles desde el año 1997 con el PGOU actual, al estar ubicadas en edificios donde moran ciudadanos de forma permanente.
Un cuarto de siglo que ha transcurrido en el que, según este técnico urbanístico, "el Área de Medio Ambiente trata de defender lo indefendible, aplicando laxamente la normativa en beneficio de quienes regentan las salas frente a los que los sufren", y consumiendo además, dijo, recursos públicos para la limpieza o la seguridad ciudadana cada día.
Reprochó también en su intervención a la Concejalía de Sostenibilidad Medioambiental, que dirige la nueva edil Penélope Gómez, que no vele por el derecho al descanso de los vecinos, y sí más por los de las actividades de "quienes regentan" estos negocios nocturnos.
Finalizó recordando a los trece fallecidos de las discotecas de Murcia, situadas en un polígono industrial.
"Medios y recursos existen.Tenemos que evolucionar. Hace años se circulaba en la moto sin casco. Hoy en día pro de la seguridad todos los llevamos. También se fumaba en hospitales y colegios. Hoy en beneficio de la salud está prohibido. Hace años talleres y gasolineras estaban en entornos residenciales, hoy pocas quedan ya. Por tanto no nos digan que no se puede trasladar el ocio nocturno de modo que éste abandone nuestras calles. Sí se puede en pro del descanso. Lo que pasa es que no se quiere", concluyó.
LICENCIAS ANTIGUAS, DICE EL PSOE
Por su parte, la concejala del PSOE, Carmen Sánchez Aranda, recordó que su grupo había propuesto ya esta semana en la Comisión de Urbanismo una actuación inspectora similar, para verificar que "se cumpla toda la normativa, porque hay licencias antiguas".
La edil socialista se "solidarizó con el sufrimiento que tienen los vecinos del centro", e insistió en que el Consistorio podría iniciar una negociación con los gestores de estas discotecas para que, con posibles ayudas, comenzaran un proceso de salida de las zonas más problemáticas de la ciudad.
Como es habitual, la concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, departamento que se encarga también de verificar las licencias de ocupación de las terrazas en vía pública y de apertura de estos locales, defendió el trabajo municipal, "con unos técnicos que son grandes profesionales" en la verificación de la normativa de seguridad en estos espacios.
"Llevamos meses de trabajo ímprobo mucho antes del dramático suceso de Murcia", dijo la edil del PP, recordando también que se ha creado una Jefatura de Inspección específica para esta problemática, y mejorado la coordinación en la comunicación entre las áreas de Comercio y Seguridad, esta última dirigida por el concejal Avelino Barrionuevo.
"Se han realizado a día de hoy 104 inspecciones técnicas, 356 expedientes de denuncia, 26 expedientes sancionadores y 19 decretos de cierre", explicó la concejala y número dos del Equipo de Gobierno, que preside el popular Francisco de la Torre.
"Por tanto, no hay innacción sino especial vigilancia", apostilló Pérez de Siles, a lo que la edil de Con Málaga le replicó recordándole la sentencia de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y del Contencioso-administrativo número 6 al Consistorio de la capital, con condena por negligencia municipal en la supervisión del exceso de ruidos en la Plaza Mitjana.
Un reproche judicial que impone al Ayuntamiento el pago a tres vecinos de más de 160.000 euros de indemnización por daños, al incumplir las ordenanzas municipales en esta materia acústica.
