El fiscal encargado del juicio por el crimen de Lucía Garrido, que fue hallada flotando en la piscina de su finca ubicada en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre en 2008, ha afirmado que el crimen fue por odio del exmarido hacia la víctima, como en cualquier caso de violencia de género, y que también tuvo un componente económico.

El juicio con jurado ha comenzado este lunes con la selección del jurado y en la sesión de esta mañana tras la lectura de los informes iniciales de las acusaciones y defensas, el fiscal y la acusación particular ha expuesto su alegato inicial.

El fiscal Valentín Bueno ha asegurado a los miembros del jurado que el crimen estaba "muy bien planificado", pero hubo un pequeño error y por eso no quedó impune y ha explicado que para comprender bien el relato de hechos hay cuatro aspectos fundamentales en los que se deben centrar.

La acusación pública ha mantenido que la víctima se convirtió en una testigo incómoda para las actividades ilícitas que se cometían en la finca, era un testigo "directa y presencial" del tráfico ilícito de especies de fauna protegida y la ocultación de drogas y por ello, según el fiscal, la "catalogaron como un peligro que había que ejecutar".

Ha relatado que la mujer tenía el síndrome de mujer maltratada, que recibió amenazas y temió por su vida y por el futuro de su hija, por lo que tuvo un deterioro físico y psíquico antes de que la asesinaran.

El fiscal ha asegurado que en este crimen hubo más personas implicadas, los interesados en que se continuaran con las actividades ilícitas dentro de la finca, pero ha lamentado que no están sentadas en el banquillo de los acusados.

La acusación particular, ejercida por la familia de Lucía Garrido, ha mantenido como el fiscal que se trata de "un crimen atroz" en el que "falló todo el mundo", el Juzgado de Violencia, los Servicios Sociales, la comandancia de la Guardia Civil y su propio abogado, al tiempo que ha recordado que han muerto dos testigos protegidos.

El letrado ha resaltado que Lucía se convirtió en un testigo incómodo, un problema para las actividades ilícitas que se cometían en la finca, y ha sostenido que su crimen fue "la crónica de una muerte anunciada".

Antes de comenzar el juicio, el fiscal ha advertido de que exmarido de Lucía Garrido quiere suspender la vista oral, pero ha dicho que "es una estrategia para suspenderlo, un abuso del derecho", tras anunciar su abogada defensora que quería renunciar porque "su cliente ni le hablaba".

"No puedo defender a una persona que ni me habla", ha reiterado la letrada, que ha explicado que ha presentado en el Colegio de Abogados un escrito exponiendo lo que está ocurriendo y ha insistido en que "no es una maniobra dilatoria, todo lo contrario venía dispuesta a defenderlo, pero él ni me habla".

El magistrado presidente ha dicho que ya resolvió en una resolución judicial que el juicio se iba a celebrar y que por tanto se continuaba "y ya veremos lo que nos viene", ha dicho el juez.

El juicio continúa este martes con los alegatos previos de las defensas y seguidamente comenzarán las declaraciones de los acusados.

A los dos procesados se les acusa de un delito de asesinato. Al presunto autor material se le pide una pena de 23 años y seis meses de prisión y para el exmarido 25 años de cárcel, al estimar la circunstancia agravante de parentesco.