Fue condenado en julio por desobedecer en 2020 a una jueza de Instrucción durante el estado de alarma por el Covid
El 'pulso' entre la abogacía de Málaga y una parte de la judicatura de esta provincia, por las discrepancias entre una magistrada de Instrucción y el que fuera decano del Colegio de Abogados hasta 2021, Francisco Javier Lara Peláez, durante el estado de alarma por el Covid en 2020, llegará finalmente al Tribunal Supremo.
Una de las salas del Alto Tribunal será la encargada de resolver si la actuación del ex decano comportó algún ilícito penal, al no facilitar el 6 de mayo de 2020 la lista de los letrados asignados para la guardia de detenidos, que le había solicitado la jueza de Instrucción 10.
El ex decano se acogió ese día la salubridad y al riesgo sanitario por el virus que corrían los letrados malagueños si acudían a los calabozos de la Ciudad de la Justicia en Teatinos, y elaboró un protocolo que, según la sentencia del Juzgado de lo Penal 15 de Málaga, "se hizo de forma unilateral, sin conocimiento ni participación alguna de ningún operador
jurídico ni autoridad".
Por este hecho, Lara Peláez fue condenado el pasado 24 de julio a 12 meses de multa y a pagar 5.400 euros por un delito de desobediencia a la autoridad, después de que fuera acusado por la Fiscalía de Málaga de no cumplir con su "obligación" como máximo representante del Colegio de Abogados.
Y aunque la Sección 9 de la Audiencia Provincial ha rebajado en su sentencia de apelación a la mitad esta multa (2.700 euros), pero manteniendo el delito, la defensa del ex decano ha anunciado que recurrirá al Supremo al seguir manteniendo su inocencia.
RESOLUCIÓN RÁPIDA DE LA AUDIENCIA
El fallo de los magistrados Enrique José Peralta Priego (ponente), Cristina Jariod Alonso y María Teresa Guerrero Mata ha sido comunicado este lunes al despacho que defiende al decano, en una resolución calificada de "un tiempo récord", según fuentes de la Abogacía, ya que el recurso contra la condena se presentó a inicios del pasado mes de septiembre.
La reducción de la multa a la mitad se justifica por la Audiencia por el escaso tiempo que duró la desobediencia del ex decano del Colegio de Abogados, apenas siete horas durante el estado de alarma, y al no tener antecedentes penales el procesado.
Según la defensa de Lara Peláez, la Audiencia Provincial mantiene la misma tesis del Juzgado de lo Penal 15, en cuanto a que se desobedeció esa jornada.
"Y se trató de una discrepancia, pero no es una interpretación de un delito de desobediencia a la autoridad judicial", insistió su letrado defensor, José Javier Polo Rodríguez, que sostiene que se puede discrepar de lo que pidió la magistrada de Guardia, pero ello no conlleva la comisión de un delito.
Para esta parte, pues, no se trata ya de que se le reduzca la multa a la mitad, sino del criterio de que se reconozca su absolución por la actuación de Lara, de forma colegiada, para garantizar la salud de los letrados que tenían asignados aquel 6 de mayo la asistencia jurídica gratuita para los cuatro detenidos que fueron puestos a disposición judicial por la Policía.
La magistrada de Guardia, Estela Gómez Giner, declaró en la vista oral celebrada en junio pasado que tuvo que poner en la calle a todos ellos, alguno con delitos de malos tratos, por no disponer de abogados de oficio que se habían reclamado por la mañana al Colegio.
En el escrito de apelación de septiembre presentado ante la Audiencia Provincial de Málaga, la defensa solicitaba la absolución, pero no una reducción de la multa a la mitad, por lo que desde fuentes de la defensa se mantiene la confianza en que el Tribunal Supremo asuma su tesis de que "no hubo dolo" en la actuación de Lara Peláez.
La sentencia de lo Penal 15 recogía la existencia de discrepancias profesionales y personales entre la jueza de Instrucción y el ex decano y miembro electo también del Consejo Consultivo de Andalucía desde marzo de este año 2023. Unas diferencias que habían llegado incluso a las redes sociales.
La defensa tiene ahora cinco días para anunciar el recurso en la Audiencia y preparar luego el texto para la casación en el Tribunal Supremo, que no resolverá, con toda probabilidad, hasta inicios del 2024.