Un grupo de abogados adscritos al Colegio de Málaga se concentró este mediodía a las puertas de la Ciudad de la Justicia, situada en el barrio de Teatinos, para reclamar que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apruebe una normativa que les permita integrarse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), para poder así disfrutar en el futuro de una "pensión digna" con arreglo a lo que hayan cotizado cada abogado en el pasado y en el futuro.
La concentración ha estado promovida por la sección de Málaga de la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía de España, cuyo colectivo estatal mantiene una fuerte discrepancia con los gestores de la aseguradora profesional, por el uso de los fondos que se han recaudado durante décadas, y que deberían de servir para garantizar unas pensiones adecuadas a sus asegurados. También la han promovido el movimiento #j2 (abogados y procuradores) y la Asociación de afectados por la Mutualidad de la Abogacía (ANAMA).
Precisamente, los letrados afectados sostienen que las cantidades que les quedan (entre 400 y 600 euros mensuales, en algunos casos) son insuficientes para poder retirarse dignamente.
CAMBIO DE NOMBRE EN EL 75 ANIVERSARIO
En medio de esta polémica por la gestión, la Mutualidad de la Abogacía, una entidad aseguradora en principio sin ánimo de lucro, ha decidido renovar su marca el pasado octubre coincidiendo con la celebración de su 75 aniversario.
Desde ahora pasará a llamarse Mutualidad con el fin de “simplificar y ampliar el mutualismo” a otros colectivos profesionales. La batalla por esta cuestión se inició por el movimiento #J2, y a la que se sumaron luego instituciones como el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que entre otras soluciones propone crear una pasarela al Régimen de Trabajadores Autónomos. El Colegio de Málaga se ha solidarizado con las demandas de este movimiento.
Los abogados mutualistas malagueños volvieron a reivindicar un acuerdo para que el Gobierno les garantice un proceso mediante el cual puedan cobrar la pensión equivalente a las fijadas en el Régimen de Autónomos, incluidas las clases pasivas.
Esta integración debería de ser voluntaria, con el trasvase de las cantidades cotizadas en la Mutualidad de la Abogacía Española, y de los periodos cotizados al completo.
También piden que se garantice el acceso de los afectados a las prestaciones completas de la sanidad, farmacia, maternidad/paternidad, incapacidad temporal o permanente, y pensiones de viudedad y de orfandad.
