La Plataforma Por una Málaga Mejor y las asociaciones de reparto de alimentos de la capital que la componen tomarán la palabra el próximo día 21 en el Pleno municipal que cierra el año político para exigir soluciones a la incertidumbre sobre qué va a ocurrir a partir del 1 de enero con los actuales fondos FEGA de la Unión Europea que distribuye el Gobierno central.
Será Curro López, el presidente de la Asociación de Lagunillas-Cruz Verde, quien ejerza de portavoz ese día y quien será el encargado de conseguir, según declaró a Viva Málaga, “que nos escuchen”. El objetivo es propiciar la aprobación de una moción institucional que espera que sea aprobada por todos los grupos municipales con representación en el pleno.
López defiende “el derecho de las familias de llegar a fin de mes”, por lo que desean que todos apoyen el manifiesto presentado en su día, con el objetivo de que sean su voz tanto en Madrid como en Sevilla, como en Málaga, ante Gobierno central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento.
Un manifiesto reivindicativo
Hay que recordar que Un total de 15 han sido las organizaciones que han suscrito el citado manifiesto: Hermandad Blanca, Nada es Imposible, Asaec, AVV Torrijos, Include, Animación Malacitana, Amfremar, Naim, AVV Nuevo San Andrés, Sentimiento Churrianero, AVV Lagunillas, La Unión de Ciudad Jardín, La Casa de la Buena Vida, Casa de la Misericordia y Hacienda Cabello.
Entre otras cuestiones, en el mismo, han denunciado "la lentitud mostrada por el Gobierno de la nación en llevar a la práctica el nuevo sistema de provisión de ayuda material como alimentos y productos de higiene y limpieza a las familias necesitadas", anunciado para el 1 de enero de 2024; a la Junta de Andalucía "por no haber tomado cartas en el asunto a su debido tiempo ante este retraso", y de nuevo al Gobierno central "por haber anunciado un sistema que deja al margen a casi el 50% de las familias que actualmente reciben alimentos", al atender únciamente a las que tienen a menores a cargo.
También se han mostrado críticos con el hecho de que se "privatiza el sistema al derivar gratuitamente el reparto de los alimentos a las grandes superficies, pero a precio de venta al público, lo cual va implicar que recibirán menos alimentos, frente al actual sistema donde la Administración era la que adquiría y distribuía los alimentos".
Del mismo modo, exigen que "se garantice a cada familia vulnerable, como mínimo, un lote de productos básicos que incluya leche, aceite y productos de higiene y limpieza durante el periodo que transcurra mientras se implanta el nuevo sistema".
