“Primero fue con el colegio Intelhorce, después ha sido el Domingo Lozano y estamos estudiando casos de centros públicos en Benahavís, en Cártama y en la zona oriental de la provincia”. Comn estas palabras, la integrante del equipo federal andaluz del sindicato de educación Ustea, Carmen Máximo, denuncia que hay una “estrategia” de Educación para permitir el deterioro de colegios públicos que luego son cerrados con la promesa de arreglo o construcción de otro nuevo que no se cumple.

Máximo, al hilo del reciente cierra del CEIP Domingo Lozano en Carranque (lleva 26 años en la docencia y afirma que estudió en él y ha podido comprobar que las aulas están igual que entonces) ha puesto sobre la mesa el caso del CEIP Intelhorce, clausurado en 2019, con la promesa de que estuviera reabierto en dos cursos, pero con la realidad de que ya van para cinco y “no se ha hecho nada”. La representante de Ustea  ha destacado que sus 111 alumnas y alumnos de entonces fueron trasladados al Tarajal, y allí siguen “en medio de un polígono rodeado de camiones”.

En este tiempo, y es una de las afirmaciones en las que cimenta su denuncia de abandono de centros escolares públicos para su cierre, muchos estudiantes han terminado el ciclo y hay padres que han buscado acomodo a sus hijas e hijos en centros concertados, hasta el punto de perder 42 alumnas y alumnos y una clase infantil completa.

Una situación que se puede repetir con el caso del centro de Carranque que ha obligado a la dispersión de 262 alumnos tras su cierre, con la incertidumbre de no saber si volverá a estar abierto algún día, mientras hay centros privados concertados, asegura Máximo, como el San José en la zona “cada vez con más clases y con dinero público que debería destinarse a los centros públicos”.

Por este motivo, desde Ustea han iniciado la confección de un mapa de centros con deficiencias, que irán visitando a raíz de las denuncias de padres y madres, para también hacer tomar conciencia de sus problemas. Porque, han recordado que “todos estos hechos, “además de evidenciar dejadez y despreocupación por la Educación Pública” también ponen de relieve “una estrategia consciente: dejar caer las instalaciones hasta forazar el cierre de colegios públicos”. Y, como ejemplo, han recordado que la provincia de Málaga ha perdido 227 clases públicas de Infantil y Primaria” desde la llegada al poder del presidente andaluz Juanma Moreno.

Máximo denuncia además, que en ocasiones, Ayuntamiento y Junta “se pasan el problema de uno a otro, porque hasta que no hay afectado más de la mitad del centro que es cuando la ley recoge que corresponde el arreglo a la administración autonómica” y recrimina al consistorio de la capital los casos de dejadez, de los que dará cuenta en la Comisión de Urbanismo del próximo lunes a petición del grupo municipal socialista.  

Antigüedad de los centros y actuaciones

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, daba el miércoles los datos a las actuaciones en centros educativos de la provincia de Málaga, y entre ellos indicaba que Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional trabaja en un estudio de la planta educativa de los colegios de Infantil y Primaria de la provincia conformada actualmente por 345 colegios, de los que el 55% cuenta con más de 30 años de antigüedad.

“Es un nivel de obsolescencia importante, aunque no todos los antiguos están en mal estado y eso es lo que estamos analizando; pero lo cierto es que Málaga sigue creciendo en población, por lo que tenemos una demanda de nuevos centros educativos y otras necesidades en los colegios ya existentes, donde la Junta no había actuado hasta ahora”, señaló, para puntualizar que “son informes técnicos los que determinan el estado de los edificios y en ocasiones recomiendan su cierre de forma preventiva”, como ha ocurrido en el caso de Los Remedios en Cártama, Villar Palasí en Vélez Málaga y Domingo Lozano en Málaga, y aseguró que en todos los casos se ha mantenido informada a la comunidad educativa y se han tomado las medidas necesarias para garantizar la escolarización de los alumnos “con la mayor agilidad posible”.   

Navarro afirmó que desde 2019 se han acometido 450 actuaciones de mejora, reforma, ampliación y nueva construcción de centros educativos en la provincia, un dato que no se refiere exclusivamente a centros de infantil y primaria. Y de nuevo ha señalado a los gobiernos anteriores: “Cuando llegamos nos encontramos 700 obras por ejecutar desde 2006, aglutinando nuestra provincia el 30% de las carencias o deficiencias educativas de toda Andalucía”.