Ríos de tinta se han derramado en los últimos días sobre si el Gobierno central, de manera definitiva, ha dicho que se va a construir el hotel en un rascacielos de iniciativa catarí en el morro del Muelle de Levante de Málaga. Pero, no está tan claro.

Según señaló a Viva Málaga el titular de la Cátedra de Patrimonio de la Universidad de Málaga, Francisco Ramírez Marín, estamos ante unas informaciones que “hay que leerlas entre líneas”.

Así, que si bien la respuesta al diputado de Sumar en el Congreso y coordinador andaluz de IU, Toni Valero a su pregunta al Gobierno se indica que la modificación de elementos que permite la posible edificación "es conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM) y demás legislación aplicable” y que “su tramitación y aprobación se ha realizado por la Administración competente en materia de urbanismo, en este caso, el Ayuntamiento de Málaga" de manera correcta, “aparentemente no es buena noticia” hay dos detalles que a juicio de Ramírez son importantes.

Uno, que el decreto declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) protege al edificio de La Farola, pero también su maquinaria y función, lo que significa que “debería estar funcionando y emitiendo señales luminosas”, algo que no será posible con el rascacielos delante; por otro lado, que la misma ley contempla la prohibición de edificar hoteles en los recintos portuarios y su autorización solo como algo excepcional y que debe acreditarse el interés general.

Por eso, Ramírez “no da la batalla por perdida de manera definitiva”, ya que, si al final lo aprueba el Consejo de Ministros, “tiene que justificarlo” y, desde luego, “no es una cosa arbitraria que pueda decir que aprueba sin más dar razones de peso y utilidad pública”,  al contrario, si no se hace así,  sería de “utilidad directa para los promotores privados” solamente.

Por eso, ante la claridad de lo que pone la ley de puertos puede que falte menos, pero hay que esperar a lo que diga el Consejo de Ministros y a si justifica esa excepcionalidad

En cualquier caso, de momento no hay fecha para la decisión y hay que seguir esperando, ahora bien el catedrático de la UMA insiste en que, de apagarse la actual y bicentenaria farola, con la consecuencia de tener que hacer otro faro en el mismo morro, se estaría faltando al interés general, porque se trata de realizar una inversión pública en beneficio de un particular, cuando la “inversión pública debe estar destinada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

Ramírez calibra que “siendo muy sincero, en muchas ocasiones, las informaciones no son totalmente imparciales” y  parece que “lo que se hace es preparar el terreno”, ya que, a su juicio, “no deja de ser aventurado decir que el Gobierno ha quitado las pegas, de modo que se crean falsas expectativas en la población para que se líe jaleo”, pero que “si se dice que no (por el Consejo de ministros), lo que se está es siguiendo los cauces legislativos”.

Por momentos, parece, que por parte del Equipo de gobierno municipal en cualquier caso, “quieren ganar” ya que si se da el visto bueno pueden argumentar que “teníamos razón”, pero si no se la dan, si finalmente se descarta, decir que “están en contra de Málaga, su desarrollo y del progreso”.

Ramírez recuerda, para concluir que el apoyo a La Farola “es total y absoluto por parte de la población” y que hay organismo locales, nacionales e internacionales de expertos que aseguran que el emplazamiento “es inapropiado para un rascacielos”, es decir, que “no es que me gusta o no me gusta”, sino que son  “expertos que se ha pronunciado”.

Reacciones políticas

Este mismo miércoles, el diputado socialista por Málaga Ignacio López ha señalado a través de la red social X que "cumplir los trámites administrativos es un requisito para cualquier actuación pública. No  presupone decisión. Es condición necesaria pero no suficiente. La aprobación final no es una decisión únicamente jurídica". Así, ha señalado que "la decisión de permitir un hotel en zona portuaria corresponde finalmente a la Administración General del Estado, y como dice la Ley de Puertos tiene varias consideraciones: decide el Consejo de Ministros, es algo excepcional y debe acreditarse el interés general". En este punto ha recordado el artículo 72.4 de la Ley de Puertos que señala que “excepcionalmente, por razones de interés general debidamente acreditadas y previo informe de Puertos del Estado, el Consejo de Ministros podrá levantar la prohibición de instalaciones hoteleras en espacios del dominio público portuario…”

Desde Izquierda Unida, su coordinadora provincial en Málaga, Toni Morillas, ha mantenido esta misma semana una reunión con con miembros de la plataforma No al Rascacielos tras la cual ha recalcado, tambiémn a través de la antigua red social Twiter, que "somos miles quienes queremos proteger nuestra Farola del proyecto especulativo de Paco de la Torre (por el alcalde de Málaga). Hace falta determinación, movilización y sumar esfuerzos para defender el patrimonio,el paisaje y el puerto de nuestra ciudad. El proyecto del Ayunrtamiento de colocar un rascacielos tapando nuestra Farola,solo responde a intereses especulativos. Nada justificaría la autorización de un cambio en el uso del suelo, porque de ningún modo responde al interés general de la ciudad La Farola se defiende y se protege".

También, desde Izquierda Unida, el citado Valero señaló que “a todas luces la construcción del rascacielos en el dique de Levante del Puerto de Málaga sólo responde a los intereses especulativos del fondo de inversión catarí que está detrás de esta operación y que patrocina el Partido Popular. En absoluto ese rascacielos respondería al interés general por lo que el cambio en el uso del suelo portuario para esa  peración especulativa no debería ser aprobado por el Gobierno”.