Tanto la Constitución, como la ley del Poder Judicial, reconocen la publicidad de las resoluciones, respetando la normativa de Protección de Datos vigente.   Así, el fondo documental del Cendoj comprende aquella información jurídica completa sobre despidos, pleitos entre propietarios, reclamaciones por accidentes de tráfico, negligencias médicas, condenas por hurtos o robos, concursos de acreedores, propiedad industrial, derechos fundamentales y jurisprudencia en materia de familia (divorcios, pensiones, tutelas o herencias).           Y también aquellos pleitos contra los ayuntamientos y diputaciones de cada provincia, por reclamaciones de plazas de empleo público, materias de impuestos, tributos, adjudicaciones públicas, recalificaciones de suelo, o cambios de usos urbanísticos que aprueban los órganos municipales.   Pero esta información no es posible conocerla si desde los órganos judiciales de cada territorio no se remite tecnológicamente al Cendoj. Y ello sucede, según fuentes de este órgano del CGPJ, con la provincia de Málaga, donde no se transmite periódicamente a dicho centro estatal el amplio repertorio de sentencias que cada día salen y se notifican a las partes desde la Costa del Sol.    Las resoluciones llegan al Cendoj mediante los sistemas de gestión procesal, que son competencia de las comunidades autónomas con transferencia. En el caso de Andalucía, es la Consejería de Justicia la que utiliza el sistema Adriano para el volcado completo de estas resoluciones.   "En general, es alguno de los funcionarios del órgano judicial o el secretario los que se encargan de que una vez notificadas las resoluciones a las partes se envíen por estos sistemas de gestión. No es necesario que las resoluciones sean firmes para enviarlas, pero sí que estén notificadas", explica una trabajadora del Cendoj, dependiente del Poder Judicial.   "Tras recibirlas se tratan y publican todas las sentencias de órganos colegiados y autos que ponen fin al procedimiento, y respecto de los órganos unipersonales se hace una selección de las resoluciones recibidas por su interés público y social", añade.

En el caso de Málaga, fuentes de la Ciudad de la Justicia reconocen "la existencia de un menor número de publicaciones, que durante el año 2023 ha obedecido a problemas técnicos en la aplicación del sistema Adriano, que no tiene una transmisión automática". Ello está suponiendo también que se lleve un retraso en la publicación respecto a otros tribunales españoles, que en algunos casos comporta hasta cinco meses de diferencia. 

Este programa fue adjudicado a la empresa Indra-Soltel por 19,8 millones de euros, y se gestiona bajo la supervisión de la Junta de Andalucía, de quien dependen los medios materiales de la Administración de Justicia en las ocho provincias.

Sobre a quién corresponde la remisión de dichas sentencias al centro estatal, una magistrada malagueña consultada afirma que "es una atribución de los letrados o secretarios judiciales, como directores de las oficinas". 



El descenso de la publicación del contenido completo (6.580 menos en tres años) ha comenzado a preocupar desde hace semanas a algunos de los jueces malagueños que no ven en abierto sus resoluciones, inquietud que se ha trasladado al secretario de Gobierno del TSJA, con sede en Granada, de quien dependen orgánicamente los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) de toda la comunidad autónoma (157 en Málaga). 

DE 12.000 SENTENCIAS EN 2021 A 5.420 EN EL 2023 

El descenso de la difusión en 2023 de los autos y sentencias ha sido significativo en los tribunales de Málaga. Según los datos del Cendoj, fueron un total de 5.420 las publicadas en el territorio provincial, frente a las 9.860 del año 2022 (es decir, 4.440 menos). 

  Estas cifras de publicidad jurídica en Málaga fueron también muy superiores en el 2021, alcanzando las 12.000 (un 25% más) y llegaron, según recoge el Servicio de Estadísticas del Cendoj, a las 9.349 en el año 2020, ejercicio donde la pandemia por el Covid limitó las actuaciones judiciales.   El año anterior (2019), el número de autos y sentencias de la provincia a los que se dio publicidad llegó hasta las 10.925, mientras que en 2018 se difundieron 8.867 actuaciones.     Esta 'caída jurídica' malagueña de los fallos se confirma, además, cuando se compara con los registros de los tribunales de otras dos provincias andaluzas, como Granada (con asuntos de Jaén y Almería en las sedes del TSJA y en la Sala de lo Civil y Penal, a mayores), o de Sevilla (también con oficinas del Tribunal Superior, a las que se añade un Juzgado Togado Militar).   En el caso de los órganos granadinos, el número de resoluciones difundidas por el Cendoj el pasado año fue de 4.011. En 2022 llegaron a las 11.617, en 2021 fueron 11.263 y en el año de la pandemia 10.847.    Por lo que respecta a los tribunales de Sevilla (con asuntos en el TSJA de órganos de Córdoba, Huelva y Cádiz, y un Togado Militar), 2023 se cerró con 5.874 fallos judiciales difundidos, que alcanzaron los 13.571 en el año 2022, los 12.345 en 2021, y las 14.824 resoluciones en 2020, ejercicio con el estado de alarma por Covid.   Paralelamente, los datos del Centro de Documentación Judicial del pasado 2023 recogen diferencias significativas entre estas tres provincias andaluzas dependiendo de los tres principales ámbitos jurisdiccionales (Contencioso, Social y Civil). 

    

Así, mientras que las sentencias contencioso-administrativas publicadas en Granada fueron 1.472 y en Sevilla 414, el Cendoj sólo publicó de esta jurisdicción en Málaga 1 (en este caso en marzo de 2023, por el pleito entre el Ayuntamiento de Málaga y el Colegio de Ingenieros de Andalucía por la convocatoria recurrida de 12 plazas municipales).        En 2022, en este mismo ámbito Contencioso-administrativo, Granada registró 5.286 sentencias publicitadas, Sevilla 4.355 y los tribunales de Málaga solamente 4.   Se da la circunstancia que mientras que el Cendoj publica contadas sentencias de los juzgados malagueños de lo Contencioso-administrativo, el centro estatal sí que difunde las de procedimientos que se recurren en casación ante el Tribunal Supremo después de que se formalicen los recursos en los órganos de Málaga, incluidas las admisiones a trámite previas a las sentencias definitivas.    Este ha sido el caso del recurso que presentó el Ayuntamiento de Marbella, contra una sentencia del TSJA que condenaba a este consistorio a pagar un millón de euros a una empresa por un canal de televisión local, que fue concedido en la época del alcalde independiente Jesús Gil. 

  La oposición socialista en el Consistorio marbellí manifestó que "no tenía constancia de dicha reclamación" hasta que no salió en el Cendoj, ya que el servicio jurídico municipal no le había informado. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, sin embargo, sí que difundió en el Cendoj el trámite, al igual que ha publicado también resoluciones urbanísticas en casación de los Ayuntamientos de Torremolinos o Benalmádena.   JURISDICCIÓN DE LO SOCIAL   Pero también la bajada de la difusión ha afectado en 2023 al ámbito de los tribunales de lo Social de Málaga, donde se publicaron en el Cendoj 756 resoluciones (en su totalidad de la Sala del TSJA), frente a las 2.059 del 2022 y las 2.037 del año 2021.     Al contrario que sucede con las difusiones correspondientes a los tribunales de Galicia, Asturias, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Baleares, el fondo del Cendoj  no registró en 2023 ninguna publicación de 14 Juzgados de lo Social de instancia malagueños.

     

En los tribunales de Granada fueron 867 asuntos de lo Social difundidos el año pasado, 2.114 en 2022, y 2.284 en 2021, mientras que los órganos de Sevilla alcanzaron en el último periodo anual las 1.646 resoluciones, y las 3.589 y 3.341, respectivamente, en los mismos dos ejercicios anteriores.   Por lo que respecta a la jurisdicción Civil, la publicidad de las sentencias de Málaga constata también una bajada en 2022, donde se pasa de las 3.037 resoluciones, y 3.401 en el 2021. Cifras que se alejan de las 1.920 difundidas el año pasado 2023. En esta materia, con asuntos como las reclamaciones a bancos, aerolíneas, ocupación de viviendas, quiebras de constructoras, empresas o talleres mecánicos, destacan dos secciones de la Audiencia Provincial como las que más difunden las resoluciones dictadas por sus jueces. Se trata de la 5ª y 6ª.     Respecto a la jurisdicción Penal se ha pasado de las 1.832 sentencias del 2022 a la mitad (997) en 2023. Las secciones 8ª, 1ª y 2ª malagueñas son las que más sentencias y autos aportaron al Cendoj, aunque como sucede en la vía civil y la contenciosa registran más retrasos que en otras regiones españolas.          Según los datos que maneja el Servicio de Estadísticas del Centro de Documentación Judicial, la distribución de las sentencias y autos en 2023 por autonomías fue la siguiente: Comunidad de Madrid, 78.580 (con Audiencia Nacional y Tribunal Supremo incluidos); Cataluña, 45.257; Andalucía, 24.041 (en 2022 fueron 50.947); Galicia, 19.709 (en 2022 fueron 23.866 sentencias); Castilla y León, 16.854; Comunidad Valenciana, 15.951; Castilla-La Mancha, 10.121; Asturias, 8.469; Canarias, 7.925; Murcia 7.335; Islas Baleares, 6.726; Aragón, 6.355; País Vasco, 6.195; Extremadura, 4.945; Navarra 4.134; Cantabria, 3.423; La Rioja, 1.844; Ceuta, 1.142; y Melilla, con 322 sentencias a las que se dio publicidad general.   En total, el pasado año se publicitaron en el Cendoj los textos completos de 269.328 resoluciones judiciales procedentes de los tribunales de España. De ellas, 69.638 fueron sentencias civiles, 31.759 fueron penales, 43.437 fallos contencioso-administrativos, 43.527 de materias de lo Social, 152 de la jurisdicción Militar y 5 especiales.