Los Entes Locales de Málaga, en donde se incluyen los ayuntamientos, la Diputación y aquellas empresas que dependen de estas corporaciones locales, han sido los más denunciados en la provincia en los 27 meses de funcionamiento de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), un organismo público creado en junio de 2021 para perseguir el mal funcionamiento de las administraciones, y aquellas actividades ilegales que perjudiquen los intereses públicos de Andalucía.
Aunque la OAAF está adscrita al Parlamento de Andalucía, goza de plena autonomía e independencia para investigar las conductas que por corrupción o fraude se formulen por parte de ciudadanos particulares y de empresas, bien sean anónimas o identificativas, por escrito o a través de su página web ( https://antifraudeandalucia.es/ ).
Los solicitantes de protección, es decir, aquellos ciudadanos que no quieren que se conozcan sus datos personales después de haber comunicado unos hechos que luego deben de ser comprobados, representan solo el 24% (120 denuncias), frente a los 481 denunciantes (76%) que no ocultaron su identidad.
El pasado año 2023 esta agencia regional tramitó un total de 464 denuncias en toda la comunidad andaluza, lo que supone un avance significativo tras su despliegue desde que comenzó a funcionar en el último trimestre de 2021.
En este sentido, del total de denuncias regionales tramitadas (501) por la OAAF en los 27 meses de su funcionamiento, las correspondientes a la provincia de Málaga fueron 55 (un 11%).
Así, la Oficina Andaluza Antifraude ha pasado de investigar 35 denuncias en 2022 relacionadas con las ocho provincias a las 464 del pasado ejercicio, cuyo último trimestre alcanzó ya las 170 denuncias en Andalucía.
Se trata de comunicaciones en las que los ciudadanos solicitan que se abran procedimientos de investigación (diferentes a la vía judicial penal) para aclarar situaciones sobre adjudicaciones de plazas, conflictos de intereses, contrataciones de servicios públicos o incompatibilidades de personal.
En el caso de Málaga, el 62% de las entidades locales denunciadas correspondieron a 25 ayuntamientos, empresas municipales y corporaciones, como la Diputación Provincial. Otro 22% a dos Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía, y 7 expedientes tenían relación con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los asuntos relacionados con la Universidad de Málaga suponen el 5,6% (tres denuncias), mientras los presentados contra 'Otros organismos' llegaron al 10,4% (6).
La mayoría de las investigaciones abiertas en Málaga (27) tuvieron que ver con asuntos de personal y recursos humanos dentro de las administraciones, y 13 para conocer si existió arbitrariedad en autorizaciones, licencias o en temas de urbanismo.
El personal investigador de la OAFF goza de la condición de agente de la autoridad y ha indagado también sobre dos casos de contratación pública en Málaga, que en el ámbito total de la comunidad andaluza supusieron 50 denuncias (10% del total por materias a nivel regional).
160 denuncias regionales, con la Junta como escenario
De los 501 expedientes incoados en Andalucía en estos dos años, 240 corresponden a hechos gestados dentro de las corporaciones locales (48%), 160 referidas a las consejerías y departamentos de la Junta (32%), 18 fueron en las universidades andaluzas (3,5%), y 83 denuncias referidas a otros organismos (16,5%), como son la Policía, la Guardia Civil o Fuerzas Armadas.
Hace ahora un año, la Oficina Antifraude aprobó un sistema para tramitar estos expedientes, en el que se determina el compromiso de tres meses de plazo para informar al particular o empresa que denuncie desde que se registra la misma.
En el procedimiento también se recoge el derecho de las personas denunciantes, físicas o jurídicas, a no sufrir represalias ni amenazas que les puedan perjudicar como consecuencia de que formulen una denuncia contra personas, organismos e instituciones públicas.
Unos perjuicios que pueden incluir la compensación de aquellos gastos baremados por asesoramiento legal y asistencia letrada en los procedimientos judiciales, cuando estén relacionados con los hechos que fueron comunicados a la OAAF por las personas denunciantes (https://buzon.antifraudeandalucia.es).
En este sentido, y tras analizar las pruebas aportadas en cada caso, la Oficina Antifraude decide si concluye con un expediente sancionador contra la Administración, o se trasladan los hechos al Ministerio Fiscal. Pero también puede, incluso, remitirlos a la Fiscalía Europea, si se tratase de irregularidades que tienen que ver con normativa, fondos o derecho comunitario.
Aunque la Oficina, que dirige Ricardo Puyol, magistrado de la Audiencia Provincial de Granada en servicios especiales (instructor del 'caso Malaya, a inicios del año 2000), tiene como misión principal prevenir el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros, también realiza actuaciones en materia de prevención.
En este campo, la OAAF promueve la aplicación de buenas prácticas en la gestión pública, por medio de la redacción de códigos éticos, y traslada sus propuestas y recomendaciones a las administraciones públicas de Andalucía. Paralelamente lleva a cabo actividades formativas y de sensibilización pública, individualmente o en colaboración con otras Administraciones públicas e instituciones, con el objetivo de mejorar la gestión de los recursos públicos.
El presupuesto de la Oficina Andaluza Antifraude para 2024 es de 2.047.450 euros (en 2023 fue de 1.797.670 euros), del que casi el 70% se destina al capítulo de gastos de personal.
