La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) ha expresado este miércoles su preocupación por la solicitud que ha hecho el Ayuntamiento de Málaga a la Junta para cancelar la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de 1.120 viviendas de uso turístico en la ciudad.

El Consistorio basa su petición en que estas viviendas incumplen con la ordenanza municipal en lo relativo a servicios terciarios: disponer de acceso y servicios independientes, y enmarca esta acción en las medidas para limitar la implantación de nuevas viviendas turísticas mientras se aprueba una ordenanza específica .

Para el vicepresidente de AVVAPro Juan Cubo, esta "medida retroactiva" -desde la entrada en vigor del decreto de la Junta el pasado febrero- implica, en la práctica, "la revocación del derecho de los propietarios a explotar sus inmuebles turísticamente".

Por ello, ha solicitado a la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, "transparencia" y una reunión para que comparta con el sector su "hoja de ruta".

"Aún no conocemos el estudio al que alude el Ayuntamiento para la adopción de tales medidas", ha añadido Cubo.

Ha argumentado que "la aplicación retroactiva de las normas tiene carácter excepcional y está prohibida en el caso de disposiciones sancionadoras o con efectos desfavorables para los interesados".

"Utilizar una 'instrucción' para estos fines resulta desproporcionado y contrario a los principios fundamentales del derecho administrativo, tales como el principio de legalidad y el de seguridad jurídica", ha sostenido.

La asociación defiende que estas medidas, "además no ser proporcionadas ni adecuadas desde el punto legal no van a resolver el problema" de la vivienda en Málaga.

A este respecto, indica que por cada alojamiento turístico hay cinco que están deshabitados y que no aportan hogar a nadie, ni impacto económico ni generación de empleos.

Cubo responsabiliza de la subida de los precios a la "fallida" Ley de la Vivienda, ante la "extraordinaria maraña burocrática y legal" que tienen que abordar los promotores para desarrollar un proyecto, que impide que se construya al ritmo que requiere la demanda actual.

Asimismo, ha insistido en que en otras ciudades donde se ha experimentado con normas restrictivas contra las viviendas de uso turístico (VUTs) no se ha conseguido nada: en Barcelona, en cuatro años han descendido un 56 % y el precio del alquiler de larga estancia, a pesar de las limitaciones, ha subido una media del 13 %. 

Además, "menos viviendas turísticas no nos aseguran que sus propietarios pongan esos inmuebles en alquiler de larga estancia", ha indicado.

AVVAPro reclama que se busquen "alternativas más justas y efectivas" para alcanzar los fines que persigue el Ayuntamiento de Málaga y que se aborden "a través de disposiciones normativas fundamentadas en el interés general" y no mediante "instrucciones de carácter interno y aplicación retroactiva".

Y avisa que, de no adoptarse una solución "más equitativa y conforme a derecho", los afectados "podrán reclamar judicialmente la defensa de sus derechos vulnerados".

La asociación ostenta la representación, a través de sus miembros, de 15.000 viviendas y apartamentos turísticos y cerca de 72.000 plazas de alojamiento repartidas en toda Andalucía.