La Junta de Andalucía atendió en 2023 a través de su Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) a 1.619 personas e instituciones en Málaga, la mayoría mujeres, de entre 30 y 44 años, solteras y residentes fuera de la capital. Los delitos más comunes fueron los de torturas y contra la integridad moral (32%) si bien destaca el incremento de aquellos contra la libertad sexual (18,53%).

Los SAVA, gestionados por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, se ubican en las principales sedes judiciales de las capitales andaluzas, si bien desde la pasada legislatura cuentan con equipos itinerantes para acercar la atención a las víctimas del medio rural.

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Teresa Pardo, ha destacado que "la puesta en marcha de los SAVA itinerantes ha hecho que se dupliquen las personas atendidas y garantiza la asistencia a cualquier malagueño que sufra un delito independientemente de donde resida".

Pardo ha puesto en valor la labor de profesionales de los SAVA. Donde trabajan "equipos multidisciplinares integrados por juristas, psicólogos y trabajadores sociales, todos ellos con formación especializada en violencia de género".

Su ámbito de aplicación se extiende a todas las víctimas de delito cometido en España o que pueda ser perseguido en España, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal.

El 84,5% de los usuarios atendidos en Málaga son mujeres (1.369). En 2023, recibieron asistencia por parte del SAVA 125 menores, también en este caso mayoritariamente niñas (104).

La delegada ha explicado que "una misma persona recibe atención integral por lo que el número de actuaciones realizadas el año pasado ascendió a de 7.377". En concreto, los equipos del SAVA llevaron a cabo 1.375 intervenciones del ámbito jurídico, 1.043 de tipo social, 2.384 psicológicas y 2.575 generales.

Aunque el SAVA atiende a víctimas de todo tipo de delitos, un 15% de los usuarios que han pasado por estos servicios han acudido o han sido derivados por delitos relacionados con la violencia de género (243 mujeres y nueve hombres) y el 85,32% ha denunciado.

Para reforzar la coordinación entre los servicios de Justicia y los del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), hace un año se puso en marcha un protocolo que garantiza el intercambio de información entre ambos, lo que evita la doble víctimización de las personas usuarios que supone tener que repetir su relato de los hechos varias veces a distintas personas.

Con este protocolo se crea una figura de referencia que hace de enlace entre el personal participante en su proceso, tanto si la denuncia llega a judicializarse como si no, y la asesora e informa sobre los pasos judiciales y la red de recursos asistenciales que tiene a su disposición. En función de la urgencia y riesgo para las víctimas, se diseña un Plan de Asistencia Individualizada desde un punto de vista multidisciplinar y multisectorial.

El SAVA también ha asistido a 54 mujeres con discapacidad, siendo el victimario en un 28,5% uno de sus progenitores y en el mismo porcentaje su hijo.

En cuanto a los menores atendidos, "en un 24,39% el victimario era un desconocido pero en un 15% era su pareja y en otro tanto un menor amigo o compañero".

Aunque la mayoría de las personas atendidas son andaluzas, en 2023 han pasado por los equipos del SAVA de Málaga 142 inmigrantes, el 14% marroquíes y casi un 10% de nacionalidad colombiana.