La Fiscalía pide tres años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil para un exdirectivo de la empresa pública Promálaga por pedir en 2016 una 'mordida' a un empresario que había mantenido relaciones comerciales previas con esta entidad.
El Fiscal señala que Francisco Muñoz, exdirector Económico Financiero y de Recursos Humanos de Promálaga, se reunió con un directivo de esa empresa y le exigió el pago de un 50 por ciento del beneficio obtenido con el último contrato firmado con ellos, con carácter previo, ya que afirmaba que él había sido clave para su consecución.
Además, según la calificación fiscal, le ofrecía mantener los acuerdos si atendía sus exigencias, ya que el contrato de gestión documental que se había firmado estaba a la espera de ser renovado. Además, le expuso la posibilidad de otro nuevo proyecto.
El acusado, junto con su esposa, hicieron una factura que no era real, por un supuesto trabajo de consultoría, para dar "apariencia de legalidad" a la solicitud realizada.
Por ello, la Fiscalía también considera a su esposa autora de un delito de falsedad documental, por el que le pide diez meses de prisión.
Para Francisco Muñoz, la petición es de esos diez meses por falsedad documental y tres años por cohecho.
A raíz de esta petición fiscal, el Ayuntamiento de Málaga y la sociedad municipal Promálaga han recordado que el proceso judicial se inició por la denuncia presentada en mayo de 2017 por el entonces vicepresidente de Promálaga, el concejal Mario Cortés, y el gerente, Francisco Salas.
Han detallado que se produjo en septiembre de 2019 un despido disciplinario del exdirector económico-financiero, por quebranto de la buena fe y abuso de confianza, una vez concluida la investigación de la Policía Nacional e iniciado un procedimiento penal contra el trabajador por varios presuntos delitos.
A partir de ese momento la empresa pudo solicitar personarse como acusación particular y obtener información sobre las actuaciones en curso.
El Ayuntamiento y Promálaga, que están a la espera de que se celebre el juicio en julio de 2025, han subrayado que están defendiendo los intereses municipales desde que presentaron la denuncia y que han dado "todos los pasos que procedían legalmente en tiempo y forma".
