No es la primera ni será la última protesta que decenas de funcionarios de Justicia, dependientes de la Junta de Andalucía, se manifiesten frente a dependencias oficiales o de la Consejería de Justicia, que dirige el popular José Antonio Nieto, para exigirle que se siente a negociar una subida salarial para más de 9.000 empleados públicos que trabajan en los 85 partidos judiciales de la comunidad andaluza, un incremento del que ya disfrutan sus compañeros de otros territorios del estado español, incluidas autonomías de distinto signo político.   La concentración ha sido convocada para este miércoles en Sevilla, por cuatro organizaciones sindicales de funcionarios (CSIF, STAJ, SPJ-USO y UGT), que han elegido esta vez la sede del Parlamento andaluz para "reclamar la revisión de los complementos autonómicos", y exigir a la Consejería de Justicia de Andalucía que "no permita que sus funcionarios sean los peor pagados del territorio nacional".   Los delegados sindicales y los funcionarios que acudirán han elegido la sesión plenaria en la que se debatirá a partir de las 12 horas el Estado de la Comunidad Autónoma. Fuentes sindicales indicaron que el Grupo Parlamentario Socialista "se ha comprometido a presentar como propuesta la revisión de los complementos autonómicos de los funcionarios de Justicia, así como otras reivindicaciones que les fueron trasladadas" en una reunión mantenida el pasado 28 de noviembre con parlamentarios .   En un comunicado, los sindicatos exigen a "la Consejería de Justicia la revisión de los complementos que son de su competencia".  La petición la fundamentan por dos causas: la primera, "porque Andalucía, junto con la Comunidad de Canarias, tiene la tasa de litigiosidad, año tras año más alta de toda España", lo que, a su juicio, comporta que el personal de Justicia destinado en Andalucía está soportando este año 2024, "y también los anteriores", el mayor número de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes.   El segundo motivo está en la implantación desde mediados de este año del nuevo programa de gestión procesal (@driano), instalado por la Junta de Andalucía con un coste de más de 20 millones de euros, "y que requiere un considerable esfuerzo de adaptación y formación extraordinario" de los funcionarios.   Los cuatro sindicatos vuelven a reclamar a la Consejería de José Antonio Nieto la devolución de los recortes salariales que se realizaron en los años 2013 y 2014 por la falta de liquidez en las administraciones públicas, descuentos que estiman en una media de 3.000 euros por funcionario, equivalentes a dos pagas extraordinarias.   "Somos la única Comunidad autónoma de todo el Estado que aún no ha devuelto a su personal de Justicia aquellos recortes, 12 años después, pese a que el propio Partido Popular, ahora en el poder de la Junta de Andalucía, se comprometió a su devolución cuando estaba en la oposición", dicen.    Comunidades como Cataluña, Galicia, Castilla y León, Valencia, o Madrid devolvieron estos recortes de los años de la crisis financiera a sus empleados públicos, pero Andalucía sigue sin ingresarlos pese a existir un acuerdo suscrito por la anterior consejera socialista de Justicia, Rosa Aguilar, en noviembre de 2018.    Unas semanas después, tras las elecciones autonómicas a la Junta de Andalucía, el PP llegó al ejecutivo regional y el documento de devolución sigue sin ejecutarse, no sólo para los funcionarios de Justicia, sino también en departamentos como Educación o Sanidad.    "La Consejería no puede seguir ignorando que en la mayoría de las comunidades autónomas se están alcanzando acuerdos, que no solo relegan a Andalucía a los últimos puestos en cuanto a retribuciones, sino que además amplían de forma alarmante la brecha salarial con respecto a esos territorios", dicen las organizaciones sindicales CSIF, STAJ, SPJ-USO y UGT, que anuncian que "se llevarán a cabo todas las acciones necesarias en defensa de los derechos de los compañeros de Justicia en Andalucía", hasta conseguir que sean atendidas nuestras reivindicaciones".