Un error de votación retrasa la prohibición de pisos turísticos en 43 barrios de Málaga

Un error en el sistema de votación durante el pleno de noviembre ha impedido la puesta en marcha de la prohibición de nuevas viviendas turísticas en 43 barrios de Málaga capital, al no haberse aprobado por mayoría absoluta la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que lo permite, por lo que tendrá que volver a votarse.

Aunque el equipo de gobierno del PP tiene 17 de los 31 ediles de la Corporación, la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, estaba ausente en el momento de la votación -asistía a una mesa de trabajo convocada por la Subdelegación del Gobierno-, y el sistema "no registró el voto que realizó el alcalde", Francisco de la Torre, según han dicho a EFE fuentes municipales.

La Secretaría del pleno dio por aprobado el punto, tal y como manifestó verbalmente durante la sesión, si bien se requería mayoría absoluta y no simple, es decir 16 votos en vez de los 15 registrados.

Si no se hubiera producido el error técnico o se hubiera advertido del mismo durante el pleno, habría quedado aprobado, puesto que se contaba con la mayoría necesaria para ello, han añadido las mismas fuentes.

Por este motivo no se repitió ese día la votación, que deberá volver a producirse en el pleno de diciembre una vez que la Secretaría ha detectado el error con posterioridad.

Debido a esta incidencia, la medida no está aún aprobada y no ha podido ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para su entrada en vigor.

La mencionada modificación del PGOU permitirá la zonificación de la ciudad y establecer limitaciones por razones de interés general según el índice de viviendas turísticas sobre el número de viviendas familiares en un total de 417 barrios, de los que 46 no son considerados residenciales.

En el pleno de noviembre, la propuesta fue apoyada por el equipo de gobierno del PP, mientras que Vox se abstuvo, y votaron en contra los ediles de los grupos municipales del PSOE y Con Málaga (la confluencia de Podemos e IU).

La medida establece la prohibición de nuevas viviendas turísticas en 43 barrios de la ciudad donde las viviendas superan el 8 % del parque residencial y en otros 328 solo se permitirá la inscripción de aquellos alojamientos que tengan entrada y servicios independientes hasta llegar a ese mismo porcentaje.