El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este miércoles la convocatoria para cubrir las vacantes de once Audiencias Provinciales de España, entre las que se encuentran las de Málaga, Jaén y Sevilla. En el caso de la sevillana se realiza por jubilación del actual presidente, Manuel Damián Álvarez García, mientras que la del órgano malagueño la convocatoria se efectúa por expiración del mandato que ostenta desde enero de 2017 la magistrada Lourdes García Ortiz. De igual modo ha expirado también el mandato de la presidencia de Jaén, a cuyo frente está Rafael Morales Ortega.
La actual presidenta ha estado en situación de interinidad más de dos años como consecuencia del bloqueo en la elección de los vocales del Poder Judicial, que fue resuelto a mediados del pasado 2024 tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el Partido Popular en el Parlamento.
Más de 80 puestos de órganos de gobierno de la judicatura (entre audiencias provinciales, presidencias de TSJ o de secciones de tribunales) han estado paralizados y sin renovación casi cinco años por el desencuentro de la designación de los 20 vocales del CGPJ, entre los que se encuentra también el exjuez decano de Málaga, José María Páez.
Fuentes próximas a García Ortiz, que está adscrita a la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JpD), han confirmado su intención de volver a presentarse para un segundo mandato, mientras que por el momento la agrupación mayoritaria con representación en la judicatura andaluza, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), no ha confirmado el respaldo a otro candidato o candidata para la presidencia malagueña.
La designación de la presidencia de la Audiencia Provincial lleva implícito el nombramiento como miembro nato de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, cuyas elecciones a finales del pasado año ganó por mayoría aplastante la APM.
Previa a la designación por el Pleno, los aspirantes a las plazas deberán de someterse en Madrid a una entrevista con la presentación de un programa propio de actuación para los próximos cuatro años.
CANDIDATA A CONTINUAR
Lourdes García Ortiz nació en Sevilla, aunque está vinculada familiarmente a Palma de Mallorca, donde estudió y se licenció en Derecho en el año 1982. La magistrada de lo Penal ingresó en la carrera judicial en 1986 y ha tenido como destinos Gavá (1986), Posadas (1987), Motril (1989) y Málaga capital en un Juzgado de Instrucción (1991).
Durante este último mandato, ha tenido que gestionar cómo los tribunales malagueños se paralizaban con la pandemia del Covid y la huelga de los funcionarios de justicia, además de la adecuación de las sedes judiciales provinciales a los cambios tecnológicos procesales, como es el caso del programa @driano, implantado por la Junta de Andalucía.
En la anterior convocatoria de diciembre de 2016, cuando estaba de ministro el popular Rafael Catalá, la Asociación Profesional de la Magistratura recurrió la designación de García Ortiz, basándose en que tanto ella como su marido, magistrado que preside la Audiencia de Granada y miembro también de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no podían compatibilizar el cargo en un mismo órgano alegando motivos de parentesco.
Sin embargo, meses después, el Tribunal Supremo dejó claro que no era una causa de inelegibilidad, y que lo que importaban eran las funciones que como presidenta de la Audiencia de Málaga iba a desempeñar al frente del tribunal malagueño. Posteriormente, en la Sala de Gobierno del TSJ de Granada se fijaron las pautas de trabajo para evitar determinadas circunstancias o pronunciamientos por motivos jurisdiccionales o gubernativos.
Además de las tres audiencias andaluzas, el Poder Judicial ha sacado la convocatoria de las de Alicante, Las Palmas, Lleida, Ourense, Palencia, Pontevedra, Segovia y Soria, y otras dos presidencias de Salas de los Contencioso-administrativo de Cataluña y Castilla y León. Todas estas convocatorias deberán de publicarse en los próximos días en el BOE.
