La venta de productos electrónicos e informáticos está detrás del fraude detectado por la Policía que ha desarticulado un entramado societario que llegó a detraer 12,6 millones de euros.  

Lo llevaba a cabo una empresa de origen rumano que adquiría los bienes a entidades de Letonia, Estonia y Países Bajos y, aparentemente, los vendía a Portugal y Eslovaquia, mediante el uso de empresas pantalla sitadas en Málaga.

Para todo ello, según han indicado fuentes de la Policía Nacional, contaba "sorprendentemente" con fondos de empresas españolas con las que no tenía actividad comercial.

El entramado societario eludía el impuesto de IVA mediante una corriente de facturación ficticia, deduciéndose un IVA no soportado en uan operación denominada 'Computer' en la que ha àrticipado la Fiscalía Europea ha intervenido por afectar el caso a los intereses financieros y a varios países de la Unión Europea, así como superar los 10 millones de euros el perjuicio ocasionado.

El engaño se realizaba en el sector de productos electrónicos e informáticos mediante un modus operandi muy complejo, que afectaba, no sólo a la Hacienda Pública, sino al mercado, colocando los productos a un precio inferior y por lo tanto promoviendo la competencia desleal.

La Policía Nacional ha participado en esta operación tras la denuncia remitida por las autoridades rumanas (Fiscalía de Cluj) en la que se solicitaba la práctica de una investigación, tras detectar una sociedad en dicho país que participaba en operaciones triangulares y obtenía fondos de empresas sin relación comercial

La mercantil rumana investigada simulaba la adquisición de mercancía intercomunitaria y así dejaba de ingresar el impuesto de IVA; de otro lado las empresas españolas encargadas de transferir fondos sin ser clientes de dicha empresa actuaban como empresas pantalla, siendo sociedades de nueva creación, sin experiencia en el sector, cuyos administradores eran meros testaferros.

Un entramado complejo

Estas empresas, mediante facturación falsa, acreditaban sus operaciones, fingiendo compras y deduciéndose un IVA no soportado. Dada la complejidad del entramado, la investigación en España ha sido llevada a cabo en varias provincias españolas como Málaga, Madrid, Barcelona, Mallorca y en Murcia.

En la Málaga, concretamente en la localidad de Coín, se ha practicado un registrado en un domicilio particular y se ha llevado a cabo un requerimiento policial en una asesoría situada en la capital. Dicha actuación policial se ha saldado con la detención de cinco investigados, uno de ellos administrador de la asesoría vinculada a la trama por presuntos delitos contra la hacienda pública y organización criminal, en un operativo llevado a cabo por parte del Grupo 1º de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial de Málaga.  

Otras tres personas han sido detenidas por su papel de testaferro en las provincias de Barcelona, Mallorca y Murcia a las cuales se le atribuyen los mismos delitos.

En San Fernando de Henares, Madrid, se ha procedido al registro de la sede social de la empresa distribuidora y mayorista del comercio de los productos informáticos, considerada la beneficiaria del entramado desarticulado, ya que lograban poner sus productos en el mercado a un precio inferior al de sus competidores al aprovecharse del fraude cometido en el IVA.

La Policía Nacional en colaboración con la Agencia Tributaria ha aportado los indicios suficientes para situar el fraude fiscal durante los ejercicios fiscales relativos a 2019, 2020 y 2021, desarticulando una trama cuya práctica defraudadora alcanza los 12,6 millones de euros.

Entre los efectos intervenidos destaca diversa documentación relacionada con la actividad ilegal, efectos informáticos, teléfonos móviles y 4.000 euros en metálicos. Asimismo, se han solicitado medidas cautelares respecto a 57 inmuebles valorados en más de 33 millones de euros.