Una operación policial ha dejado seis detenidos en Málaga tras desmantelar una organización criminal dedicada a la distribución ilegal de contenidos audiovisuales. Hay un total de nueve arrestados, ya que se han producido también tres detenciones en la provincia de Jaén. Los arrestos se han producido después de siete registros, seis en Málaga y uno en Jaén, en diferentes inmuebles, locales y una nave utilizada como almacenamiento de material.  También se procedió a la toma de declaración de otras dos personas, en calidad de investigados no detenidos, en la ciudad Málaga.

La operación ha contrastado que los ingresos por la actividad de distribución de contenido audiovisual ilícita ha dejado unos beneficios de cinco millones de euros, de los cuales, la trama había blanqueado más de  3,2 con la adquisición de numerosos bienes muebles e inmuebles al objeto de introducir en el circuito financiero legal los cuantiosos beneficios obtenidos de la materialización del ilícito.

Según han señalado fuentes policiales, el grupo criminal había diseñado un entramado empresarial para llevar a cabo un gran número de movimientos bancarios cuyo origen eran los pagos procedentes de usuarios por el acceso y facilitación de contenidos audiovisuales. Para contextualizar sus actividades, los investigados se valían de cinco sociedades con diferentes objetos sociales. 

Las investigaciones se iniciaron en el mes de diciembre de 2023 cuando los agentes recibieron una denuncia por parte de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) en la que se daba cuenta de la comercialización no autorizada de determinados servicios a través de una página web.

Una vez iniciadas las pesquisas, los agentes comprobaron cómo los investigados actuaban como distribuidores de contenido audiovisual, del que se surtían a través de una organización criminal, formada por un clan familiar de empresarios malagueños, que estarían relacionados con la venta y distribución de material audiovisual y que ya habían operado ilícitamente en el sector audiovisual.

El sistema de distribución relacionado con el delito investigado, según las mismas fuentes, consistía en la venta de decodificadores y paneles de administración con acceso a servidores de cardsharing - método para compartir tu acceso a servicios de pago-, que eran introducidas en cientos de miles de decodificadores que la organización suministraba a miles de clientes en todo el país tras facilitarles instrucciones precisas de cómo manipular dichos decodificadores mediante la instalación de firmware para el acceso ilegal a los contenidos de televisión y audiovisuales.

La investigación económica sobre los servicios ofertados por los investigados llevó a los investigadores a analizar más de 60 cuentas bancarias que arrojaron un beneficio neto en el periodo investigado superior a los 5.000.000 euros en pagos ilegales vinculados a la actividad delictiva, sin contar los perjuicios causados a los titulares de los derechos.