El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, adelantó ayer que se está “trabajando y analizando los cambios en el Plan General que sean necesarios para ordenar bien el tema de vivienda turística” y para próximas juntas de gobierno, sin precisar fecha, se estudia una “moratoria global”.
Así lo explicó tras informar en rueda de prensa de que el Pleno aprobará la adhesión al decreto de la Junta de Andalucía que posibilitará la construcción de 1.400 viviendas protegidas más en suelos en desarrollo.
El alcalde añadió que “en el tema de viviendas, estamos también trabajando y analizando los cambios en el plan general que sean necesarios para ordenar bien el tema de vivienda turística”.
Así, afirmo que se han “tenido ya unas decisiones de meses atrás, cuando el decreto de la Junta lo permitió hacer, primero de entrada independiente, segundo de zonas saturadas... y los efectos están ahí, han bajado en mil y algo el número de viviendas inscritas en la Junta como vivienda turística en Málaga”. Agregó que “somos un municipio claramente comprometido en esta línea; estamos tratando también de saber exactamente la estadística que hay”.
Además, incidió en que “es un tema que está muy en marcha, muy avanzado ya, la contratación de una empresa especializada que nos dé una fotografía muy real de entre lo que esté inscrito y lo que está realmente en las plataformas “para hacer un avance sobre el tema de viviendas que podrían estar ilegales, eso no es fácil de saber, pero tratar de avanzar en esa dirección”.
De la Torre señaló que “este estudio es clave para poder tener una brújula que nos vaya guiando en esta cuestión”. No obstante, valoró que “hemos conseguido una reducción que facilita, evidentemente, que haya más oferta en vivienda de larga temporada, no vivienda de corta temporada como la turística”.
En concreto, detalló que se está estudiando el Plan General porque “queremos también tener una información estadística muy completa”. “Cuántas y dónde están las viviendas turísticas, cuántos apartamentos turísticos se han puesto en marcha también, qué suelo ha absorbido los apartamentos turísticos, los hoteles, dónde se han ubicado... queremos ver cómo el turismo es compatible con la vida de la ciudad o tenemos que poner, efectivamente, unas orientaciones para hacerlo más compatible”.
De la Torre, que incidió en la importancia del sector turístico, detalló que “estamos estudiando el Plan General y cuando se haga la puesta en marcha de ese tema va a ir acompañado de ese anuncio de moratoria global”, pero incidió en que “ahora mismo es como si tuviéramos una moratoria global”.
“Las medidas tomadas hasta ahora no las podemos llamar moratoria pero son equivalentes a una moratoria o a más que una moratoria porque no hemos puesto límite a la duración de la entrada independiente, no hemos puesto límite al límite del 8%, valga la redundancia, es para zonas saturadas, y la moratoria es como un tema temporal de tres años, ligado al tema del Plan”, señaló.
Críticas de la oposición
Mientras tanto, desde el PSOE su portavoz en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, arremetió ayer duramente contra la gestión de De la Torre: “La vivienda en Málaga se ha convertido en una condena para alquilar y una fantasía imposible para comprar. Es intolerable que el alcalde contemple impasible cómo sus vecinos son expulsados de su ciudad”.
Pérez ha subrayado la urgencia de implementar medidas efectivas contra la proliferación descontrolada de viviendas turísticas, cuyo número asciende actualmente a más de 13.000 en la ciudad.
“Esto es una barbaridad absoluta. Vamos a exigir que se retrotraigan todas estas licencias a lo estipulado por el Plan General de Ordenación Urbana de 2011, obligando a una entrada independiente para los hospedajes, garantizando el derecho de los malagueños y malagueñas a vivir en sus propios barrios”.
También Con Málaga presenta una moción urgente para frenar la emergencia habitacional en Málaga “el rentismo está poniendo en riesgo el futuro de la ciudad”.
La moción urgente que llevará la confluencia Izquierda al Pleno tiene el objetivo de avanzar hacia una regulación democrática del mercado de la vivienda y recoge una batería de propuestas, un total de 13, para frenar la subida descontrolada de los precios del alquiler y la compra, blindar el suelo público para vivienda asequible, limitar la proliferación de viviendas turísticas y recuperar vivienda para el mercado residencial.