Las medidas para conseguir que más viviendas particulares, que están destinadas en la actualidad a una actividad económica turística, salgan al mercado inmobiliario con la intención de rebajar los precios del alquiler, abre este martes una nueva batalla parlamentaria para lograr que los registradores de la Propiedad de España rebajen sus aranceles por la inscripción de aquellos acuerdos de las comunidades vecinales en los que se prohíbe tener apartamentos turísticos en sus edificios.
La modificación normativa permite ahora que una mayoría de tres quintas partes de los propietarios de los pisos puedan prohibir destinar las viviendas residenciales de un inmueble al alquiler turístico, una opción que vienen utilizando plataformas como Airbnb para realizar su actividad nacional e internacional.
Pero esta prohibición no tiene eficacia sino está inscrita primero en un documento público ante un notario, y su posterior anotación en los asientos de cada piso del registro correspondiente a su zona urbana.
En el caso de los aranceles que cobran los notarios suponen alrededor de unos 200 euros por acuerdo de Junta, mientras que el importe que perciben los registradores puede llegar a alcanzar, en algunos casos, cerca de 5.000 euros dependiendo del valor total del edificio cuando se construyó y terminó. El mismo se actualiza en euros para aplicar luego el arancel por la finca matriz y la resultante.
La anotación registral de prohibición se hace para cada piso, de modo que aparecen posteriormente en las notas simples futuras, con el objetivo de informar a los potenciales compradores que pretenden adquirir las viviendas para destinarlas a un uso turístico.
Según explica un administrador de fincas de Málaga, "abonar esas cantidades no menos de 2.500 euros de aranceles y gastos notariales para una comunidad con unos 24 vecinos, supone más de un 15% de las cuotas que se ingresan anualmente para mantenimiento, lo que frena a muchas Juntas de Vecinos a seguir adelante con estas iniciativas contra los apartamentos turísticos", agrega.
El administrador recuerda que muchas comunidades se quejan en las reuniones de los ruidos, molestias por suciedad y gastos (ascensores, portales, lámparas, telefonillos, etc.) que generan a la larga los alojamientos de turistas. A este pago del arancel registral se sumaría, si no se está exento, la parte del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que perciben las comunidades autónomas (1,2% en Andalucía).
Según ha consultado Viva Málaga, algunos de los Registros de la Propiedad elaboran un presupuesto del coste del arancel, "pero siempre que se haya elevado a escritura notarial el acuerdo de prohibición".
PROPUESTA DE SUMAR
De este modo, el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, del que forman parte los diputados de IU, Toni Valero, Engracia Rivera y Enrique Santiago, defenderá este martes en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para que el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de quien dependen los registradores de la Propiedad, intervenga "limitando o bonificando los aranceles" que pagan por las comunidades de propietarios para inscribir la prohibición.
En el texto de la PNL de SUMAR para frenar el uso turístico de viviendas residenciales, se recoge que estos alojamientos "han desencadenado una serie de problemas que afectan tanto a las personas, como a las comunidades de vecinos y a las ciudades en su conjunto".
Se señala, además, la escasez de viviendas asequibles, lo que provoca que "las familias, al buscar una vivienda en la que residir, tienen que competir con fondos que buscan viviendas como modo de inversión", y que tienen más posibilidades de financiación y más recursos para poder sufragar los gastos derivados de adquirir una propiedad.
Para los diputados de IU, la creciente demanda de alojamientos turísticos en las grandes ciudades "ha reducido significativamente la oferta de viviendas destinadas al alquiler a largo plazo", lo que ha provocado un aumento considerable de los precios y ha dificultado el acceso a una vivienda digna en régimen de alquiler, especialmente para jóvenes, familias y personas.
La ocupación de los alojamientos turísticos en el centro de las ciudades está, a juicio de los diputados, provocando "un desplazamiento forzoso hacia zonas periféricas".
Los tres diputados de IU por Málaga, Sevilla y Córdoba, ciudades andaluzas con un alto nivel de proliferación de apartamentos turísticos, en muchas ocasiones sin acuerdos de las comunidades de vecinos, recuerdan al Ministerio de Justicia que el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, establece que "el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación".
En este sentido añaden que pese a que las comunidades de vecinos "han adquirido un mayor poder de decisión sobre la autorización de pisos turísticos en sus edificios, sin embargo, hay impedimentos materiales que dificultan que esta decisión pueda ponerse en práctica, ya que, una vez aprobado en Junta de propietarios, la comunidad debe modificar sus estatutos en el Registro de la Propiedad".
Y como insiste el parlamentario nacional Toni Valero, "dicha inscripción en el Registro tiene un coste para la comunidad de vecinos, que tiene que acudir primero al notario para que levante el acta de la Junta de propietarios, abonando para ello la comunidad de vecinos el arancel correspondiente, y posteriormente acudir al Registro de la Propiedad y abonar otro arancel para registrar la modificación de los estatutos".
Para SUMAR, el coste real que tendrá que soportar cada vecino para poder hacer efectiva su decisión "es bastante alto". Por ello, presentan esta Proposición no de Ley en la Comisión de Justicia, en la que es portavoz Enrique Santiago.
En la misma se insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que se coordine con las administraciones públicas, para facilitar y agilizar los trámites necesarios para efectuar la inscripción registral de los acuerdos vecinales "en torno a la limitación del uso de viviendas residenciales como pisos turísticos".
Los tres diputados piden que el Ministerio de Justicia, de quien depende el servicio público de notarios y registradores, "establezca criterios claros y objetivos" para la determinación de los aranceles registrales, "que eviten la interpretación subjetiva y la aplicación de tarifas desproporcionadas".
Finalmente reclaman que se "limiten o bonifiquen los aranceles registrales aplicables a la inscripción de los acuerdos de prohibición de los pisos turísticos, de modo que se aligere la carga económica que supone este trámite, hoy muy oneroso para las comunidades de propietarios".
